Opinión de ODECU sobre mesa de mediación con CMPC

Categoría de nivel principal o raíz: ROOT Categoría: Noticias Creado en Jueves, 26 Mayo 2016 Publicado el Jueves, 26 Mayo 2016 Escrito por Periodista


Como parte integrante de la mediación con CPMC, ODECU expresa lo siguiente:

 

Principios básicos

 

Producto de la colusión, la empresa CMPC obtuvo una cantidad de ganancias superiores a las habituales, las que en otras circunstancias no habría conseguido.

 

Esa conducta repetida durante once años produjo un monto de ganancias mal habidas que engrosaron el patrimonio de la empresa y contribuyeron, a su vez, a producir nuevos beneficios pecuniarios para ella.

 

Estas ganancias, obtenidas mediante la conducta colusoria, están constituidas por dineros pertenecientes al patrimonio de todas las personas que adquirieron los productos objeto de colusión a lo largo de once años.

 

Por tanto, comprobada y confesada la colusión, y teniendo en cuenta que la empresa CPMC se ha comprometido a reparar al consumidor, creemos que los objetivos debieran ser dos:

 

  1. Que la empresa devuelva, a todas y cada una de las personas, el total del monto a definir una vez que se determine el volumen del daño.

 

  1. Todas y cada una de las personas tienen derecho a recuperar el total de los dineros que les pertenecen. Todas esas personas tienen el mismo derecho a recibir la correspondiente reparación.

Deberían recibir la compensación todos los domiciliados y residentes en Chile durante el periodo de la colusión, 2001 - 2011, sin perjuicio de su edad y sin exclusión alguna.

 

En el caso de los menores de edad, debieran ser los padres quienes reciban el monto correspondiente.

 

Como resulta imposible identificar a cada una de las personas afectadas y el monto de la correspondiente afectación, debería considerarse que el conjunto de los habitantes del país en el período señalado ha sido perjudicado en la misma medida.

 

En consecuencia, cada una de esas personas debiera obtener un resarcimiento semejante.

 

Sobre procedimientos de implementación

 

Indudablemente existen dificultades prácticas para determinar con absoluta precisión a todos los afectados y el monto del daño a reparar. Es por esta razón que se han creado tres mesas de trabajo con el fin de definir:

 

1) Universo de los afectados 

2) Mecanismo de implementación

3) Determinación del daño

 

Sin embargo, por muy complicado y oneroso que sean los procedimientos de implementación, creemos que se debería optar por aquel que garantice el mejor cumplimiento de los objetivos.

 

En cualquier caso, la aplicación del procedimiento tendría que ser de cargo de la empresa y no afectar el monto de la indemnización.

 

Correspondería que se procure un mecanismo expedito aprovechando las bases de datos de organismos del Estado, como el IPS, SII, Registro Civil, para consolidar una plataforma que identifique a los beneficiarios.

 

Quienes no se encuentren en la plataforma, debieran contar con un canal simple de inscripción.

 

Los beneficiarios deberían tener la posibilidad de verificar la exactitud de sus datos permitiendo un mecanismo seguro de corrección de éstos, y dándoles la posibilidad de indicar el medio de pago a utilizar: pago en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario, emisión de cheque o vale vista.

 

La plataforma de pago tendría que contener a todo este universo seleccionado por defecto.

 

Sobre remanentes y montos no cobrados

 

Si luego del proceso de devolución a cada consumidor afectado hubiese remanentes o montos no cobrados por cualquier razón, creemos que se debiera constituir un fondo destinado a una obra social de relevancia nacional.

 

En el proceso de devolución, se debería ofrecer a cada consumidor afectado la posibilidad de reintegrar el monto correspondiente a su patrimonio o destinarlo a una institución social.

 

Sólo el titular del derecho tendría que decidir qué hacer con esa parte de su patrimonio, sin perjuicio de que se le ofrezcan posibilidades al efecto.

 

Ninguna decisión sobre el patrimonio de las personas debiera ser adoptada por un tercero, incluido el Estado.


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