Cómo “un hito nunca antes visto en la historia de la defensa de los consumidores en Chile” calificaron en ODECU la masiva inscripción de los afectados en la acción legal que lidera la organización.
El éxito en la campaña de inscripción de los afectados chilenos gatilló el interés de organizaciones hermanas del continente por seguir el mismo camino y ser asesoradas por ODECU, para coordinar así acciones comunes en contra de la multinacional tecnológica.
Los afectados pueden ser parte de la demanda inscribiéndose en www.odecu.cl.
Como “un éxito sin precedentes en la historia de la defensa de los consumidores de nuestro país”, calificó el presidente de ODECU, Stefan Larenas, la campaña de inscripción de afectados por la llamada “obsolescencia programada” que introdujo la gigante internacional Apple en algunos de sus modelos de celulares.
A sólo 5 días de iniciado el proceso de inscripción masivo ya son casi 130 mil los afectados que se sumaron a la iniciativa legal, que fue acogida a tramitación hace 10 días por la justicia chilena.
De acuerdo a los registros históricos en nuestro país de este tipo de acciones legales, nunca antes se habían inscrito –voluntariamente- tantos afectados, para ser parte de una demanda colectiva, en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores.
Según el presidente de Odecu Stefan Larenas, “la fuerza colectiva de esta demanda le debe dejar en claro a los proveedores que infringen la ley, que se acabó el tiempo de abusar abiertamente o mediante artimañas tecnológicas -como la obsolescencia programada- de la inocencia, buena voluntad, temor o incluso desidia de los consumidores”. El dirigente informó también, que en ODECU ya han recibido solicitudes de ayuda de organizaciones hermanas de otros países latinoamericanos, específicamente de Argentina, Perú, Panamá y Brasil, para compartir experiencias en esta causa y coordinar acciones en conjunto en contra de las malas prácticas de este gigante tecnológico mundial.
El abogado y experto en derecho del consumidor Juan Sebastián Reyes, que es parte del Estudio Jurídico Pérez Donoso que lidera la acción legal, afirmó que “la masividad del interés por inscribirse y ser parte de esta demanda colectiva demuestra el nivel de indignación de los clientes por haber sido engañados por Apple, al introducir y programar fraudulentamente fallas en sus equipos celulares. Este mismo sentimiento es compartido por millones de usuarios en el mundo: ya son más de 60 las demandas colectivas, similares a la nuestra pero adecuada a las legislaciones locales, que se han presentado en los más diversos países”.
Para la próxima semana se espera que sean notificados judicialmente los representantes nacionales de la marca, Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, lo que los obligará a pronunciarse sobre la forma y el fondo de esta acción legal.
Cabe recordar que el argumento legal de la Odecu es que diversos modelos iPhones “presentaban un funcionamiento deficiente, sea por sufrir de apagados intempestivos o por mostrar un funcionamiento más lento. Esto último se debía a que los sistemas operativos de los equipos fueron actualizados con parches de software transmitidos remotamente por Apple a través de internet y que tenían por objetivo, entre otras cosas, “ahogar” el funcionamiento del procesador y ralentizar los equipos anteriores al último modelo, supuestamente para “mejorar la experiencia” de los usuarios. Sin embargo, ello jamás fue informado a los usuarios de estos equipos y, por el contrario, fue decidido deliberadamente y ejecutado por el fabricante Apple”.
Según el abogado Juan Sebastián Reyes, “le pedimos al tribunal que se reparen todos los iPhones que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización. Si no se puede reparar, o el arreglo es costoso, le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización a los consumidores que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que éstos tengan ahora”.
Reyes agregó que “además estamos solicitando otra indemnización por la pérdida de tiempo que tuvieron los consumidores debido a la ralentización del dispositivo, la que equivale 126 mil pesos anuales”.
Los modelos afectados con esta práctica serían el iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.
Al acoger la causa, a través de la Justicia chilena se solicitaron antecedentes a instituciones del Estado, tales como la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, además de los operadores Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR.
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