Frente a alzas sostenidas de colegiaturas de colegios particulares pagados, ODECU solicitó intervención al SERNAC y a la Superintendencia de Educación

La acción busca que ambas instituciones de gobierno, dentro de sus ámbitos de acción, intervengan frente a las alzas sostenidas de aranceles en los establecimientos particulares pagados.

Por medio de una presentación, la Organización de Consumidores y Usuarios, ODEU, solicitó al SERNAC interpretar administrativamente la normativa de protección de los derechos de los consumidores, específicamente la que rige las cláusulas establecidas en los contratos de adhesión que regulan los ajustes y/o reajustes de los valores de matrícula y arancel anual para los niveles de educación parvularia, básica y media de los establecimientos particulares pagados.

A juicio de ODECU, los contratos de adhesión de los establecimientos particulares pagados para los niveles de educación parvularia, básica y media, especialmente las cláusulas que regulan los ajustes y/o reajustes de la valores de matrícula y arancel anual, se encuentra dentro del ámbito de actuación del SERNAC.

Asimismo, ODECU solicitó a la Superintendencia de Educación, entre otras cosas, dar instrucciones a los establecimientos particulares pagados frente al alza sostenida de sus aranceles.

En general, los colegios particulares pagados establecen en sus contratos de adhesión, de manera precisa y detallada, los términos bajo los cuales serán prestados los servicios educacionales en los niveles de educación parvularia, básica y media. Sin embargo, establecen reglas vagas e imprecisas respecto del costo del servicio educacional a lo largo de los años de enseñanza.

Frente a esto, el Presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, indicó que, “los colegios particulares pagados deben informar con claridad a las madres, padres y apoderados, cuánto les costará el colegio desde primero hasta el último año, además de tener derecho a que los aranceles anuales no sean alzados de manera unilateral ni arbitraria. Corresponde al Sernac y a la Superintendencia de Educación hacer respetar estos derechos”.

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