Fuente: Diario Financiero
Fecha: 27/04/20
Según lo analizado, «el monto a solicitar para una compensación a los consumidores por el daño ocasionado por esta conducta ilícita sería de $ 29.910 o 1,0971 UF por cada habitante mayor de edad del país», lo que resultaría en que la compensación total alcance los casi $ 450 mil millones.
Stefan Larenas Riobó, presidente de la organización, explicó en un comunicado que este informe preliminar fue preparado para contribuir con antecedentes que puedan aportar en la apertura de un Proceso Voluntario Colectivo (PVC) con el Sernac, considerado por ellos como «el más expedito para alcanzar una reparación a los millones de afectados, y no tener que esperar un largo tiempo para conseguir una indemnización».
«Este estudio preliminar considera diversas variables económicas, como la inflación en el período, el precio internacional y nacional del pollo, y su comportamiento en el tiempo. Con estos datos, logramos estimar que el monto para una compensación a los consumidores sería de $ 29.910, lo que, multiplicado por la cantidad de personas adultas en Chile, plantearía un daño multimillonario ocasionado por esta conducta ilícita», señaló Larenas.
En el texto, ODECU explicó que para llegar a esta cifra, se realizó el cálculo considerando principalmente la serie histórica de precios que levanta el INE para el cálculo del IPC. «A partir de esta serie, se calculó un precio promedio mensual para cada variedad, el que posteriormente fue convertido a moneda constante para eliminar efectos de inflación. Los valores resultantes muestran una ligera alza los primeros años (que corresponden al período en el que efectivamente ocurrió la colusión), así como una tendencia a la baja en años más recientes».
Con esto, el cálculo final consideró que el impacto promedio de la colusión fue de $ 200 por kilo a precio de público. Con este valor se calculó el impacto por persona, utilizando para ello las estimaciones de consumo anual de carne de pollo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), del Ministerio de Agricultura, para los años comprendidos entre 2008 y 2011 (ambos incluidos).
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