La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (Agbotch) acusó la existencia de un desabastecimiento de licores y de bebidas alcohólicas desde septiembre del año pasado, donde ellos hacen partícipes de este accionar a empresas como CCU y Andina, ya que aseguran que están favoreciendo desde ese entonces a los supermercados nacionales.

Y es que esta causa ha traído ciertas consecuencias para los dueños de estos locales. Esto, debido a que la no distribución de estos productos conlleva efectos que tienen relación con un notorio desabastecimiento, lo que posteriormente, se expresa en que las ventas de estas pymes bajen considerablemente.

Esta problemática ya tuvo ciertos indicios cuando en los primeros tres meses de 2020, la Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile, en conjunto a las delegaciones de Tocopilla, Calama y San Antonio manifestaron una inherente preocupación por el bajo stock de estos productos, los que en un comienzo se atribuyeron a problemas más bien logísticos que fueron relacionados a principalmente a la pandemia por covid-19.

Por consiguiente, pasado casi un año luego de aquel episodio -y viendo los resultados que se han presentado-, la Agbotch decidió tomar acciones concretas: hace unos días presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se inicie un proceso investigativo tras el desabastecimiento a nivel nacional, con especial énfasis en la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), Embotelladora Andina y la Desarrolladora de Automatización S.A. (DESA).

En específico, desde esta agrupación acusan que las grandes firmas los han perjudicado con las entregas de estas bebidas alcohólicas, prefiriendo en cambio sus propios canales de venta o también, de proveer a los mismos supermercados de cadena, según se consignó a La Tercera.

‘Nosotros llamábamos a las distribuidoras y estas nos decían que no había stock, ni siquiera de cervezas. Pero claro, si íbamos a la vuelta de la esquina estaba el supermercado lleno de estos productos. La razón es muy sencilla, a ellos los privilegian por los acuerdos que tienen’, argumentó Ricardo Oliveros, abogado del gremio.

Así mismo, también se han unido a esta acusación la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), quienes calificaron a este acontecimiento como un ‘atentado contra la libre competencia’, por lo que confirman que seguirán el requerimiento interpuesto por el gremio ante la Fiscalía Nacional Económica, según así indicó Bíobíochile.com.

A esto mismo, se refirió el presidente de la Agbotch, Marcial Pérez, quien expresó su preocupación por la normativa vigente.

En el caso de Stefan Larenas, presidente de Odecu, él añadió que han visto denuncias anteriores de este tipo, por lo que aseguró que seguirán con la investigación.

Mientras que, para el director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, este requerimiento es complejo analizándolo desde un punto de vista legal, y explicó que la FNA no tiene plazos establecidos para desarrollar esta investigación.

Con esta denuncia, la Asociación Gremial busca llegar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para solicitar las correspondientes sanciones en contra de las distribuidoras anteriormente mencionadas.

Extenso proceso

La primera reunión al respecto que tuvo la Agbtoch fue el 21 de enero, cuando coordinaron una junto con el Fiscal Nacional Económico, el abogado Ricardo Riesco Eyzaguirre. En esa instancia supieron que cualquier acción por parte de la FNE tomará bastante tiempo.

Siguiendo la cronología, desde el gremio aseveraron que el encuentro no tuvo la sensación de urgencia que ellos mismo tuvieron al plantear este problema, según sostuvo el abogado Oliveros.

Aquello porque el fiscal les informó que el proceso de recolección de antecedentes puede tomar entre uno a dos años, y que al final de ese periodo recién se analizará la apertura o no de una investigación en la materia.

De acuerdo a lo comentado por Oliveros, él junto a Agbotch están explorando -por lo pronto- otras vías legales.