Los resultados muestran que quienes intentaron portarse corresponden al 16,5% de la muestra y pertenecen al quintil más rico.
Los productos o servicios portados dominan aquellos que presentan solicitud por cambio de proveedor financiero (62%), especialmente para capturar diferenciales de tasas de interés en créditos hipotecario (75% de los que intentaron portarse).
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), en conjunto con la Asociación de Consumidores Nuestro Tiempo (ACU Nuestro Tiempo) acaban de publicar un estudio colaborativo sobre la Ley de Portabilidad Financiera, centrado en conocer el nivel de conocimiento de los consumidores y usuarios sobre ésta, así como también el impacto que tendría en la población.
La Ley de Portabilidad Financiera (21.236), promulgada en junio del 2020, y que tiene como objeto la promoción de la portabilidad entre instituciones financieras, o de un producto (servicio financiero) vigente a otro nuevo producto con el mismo proveedor, ha arrojado dispares resultados de efectividad entre distintos segmentos de la población.
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Según consignan los resultados de la encuesta realizada entre ODECU y ACU Nuestro Tiempo, la efectividad de dicha legislación encontraría mayor efectividad en los segmentos de más altos ingresos, los que representan un 16,5% de la muestra y quienes habrían hecho mayor uso de ésta, demostrando también mayores conocimientos sobre sus distintos elementos.
Para Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, “respecto a los productos o servicios portados, dominan aquellos que presentan solicitud por cambio de proveedor financiero (62%), especialmente para capturar diferenciales de tasas de interés en créditos hipotecario (75% de los que intentaron portarse). Este punto también es una señal de lo regresivo de la ley, y merece especial atención”.
Larenas continuó señalando que “durante el último trimestre del año se han restringido fuertemente las condiciones de otorgación de créditos por parte de las instituciones financieras dada la caída en liquidez del mercado, lo que ha redundado en mayores tasas de interés asociadas al común de los créditos (incluido el hipotecario), y por ende, ha caído el incentivo de arbitraje del corazón de la ley, haciéndola inoperante en la práctica”.
Por su parte, para Iván Valdés, presidente de ACU Nuestro Tiempo, asociación de consumidores con sede en Talca, “otro hecho que se manifiesta en las respuestas apunta a la evaluación negativa que tienen los clientes respecto a la atención y facilidades que dan los proveedores financieros al momento de solicitar información sobre la portación, independientemente de aquella información pública disponible en las páginas webs, especialmente de la banca”.
En dicha línea, Valdés declaró que “el 42% de los que pidieron portarse mencionaron que las instituciones le pusieron barreras de entrada con una deficiente atención o una tramitación más larga de lo que dicta la ley. En contraste, sólo el 23% de los informantes manifestó que el proveedor financiero cumplió los plazos enunciados en la legislación”.
De acuerdo con el informe, entre quienes pudieron llevar a cabo una solicitud, 1 de cada 3 personas no pudo lograr su objetivo al no ser considerado un sujeto de crédito pese a su pertenencia en la institución financiera. Esto sería, de acuerdo con el informe, una clara muestra de la crisis, la falta de liquidez, así como la caída de los sueldos y del mercado laboral.
Cabe destacar que el pasado 7 de diciembre, ODECU y ACU Nuestro Tiempo expusieron el presente estudio colaborativo de Portabilidad Financiera ante el Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión para el Mercado Financiero. En la ocasión, el informe fue muy bien recibido por los consejeros, quienes agradecieron el esfuerzo empleado para levantar una problemática que hoy afecta seriamente a los consumidores, que es no poder portarse ya que no cuentan con el alto nivel de ingresos que en la práctica las instituciones financieras están requiriendo.
Para finalizar, desde ODECU y ACU Nuestro Tiempo declararon considerar que “la ley tiene un bajo efecto en las condiciones económicas vigentes en el país, las que seguramente durarán un par de años siguiendo los pronósticos de los analistas. Asimismo, el espíritu de la ley se ha visto afectado, la que en la práctica ha operado como un instrumento selectivo y por lo tanto discriminatorio para la mayoría de los clientes financieros del país”.
Para ver el estudio completo, ingrese aquí.
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