Durante la mañana del lunes 20 de enero, se realizó en las dependencias de la sede Santiago del Congreso Nacional, la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que contó con la participación del presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, sobre las propuestas de la organización de consumidores en el marco de la discusión del proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico (Boletín N° 17.064-08).
En su intervención, Larenas enfatizó la importancia de establecer criterios claros, objetivos y accesibles para evitar exclusiones injustas en la selección de beneficiarios. Además, propuso que la cobertura del subsidio eléctrico se amplíe al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares, garantizando que nadie quede fuera por falta de acceso a la tecnología al contar con canales digitales y presenciales para las postulaciones.
En la oportunidad, ODECU también subrayó la relevancia de implementar mecanismos de transparencia en la asignación del subsidio, como la publicación de estadísticas detalladas sobre postulaciones, beneficiarios y rechazos, además de informes desagregados por región. Según la organización, estos informes permitirían ajustar las políticas de manera más efectiva y maximizar los beneficios para los sectores más vulnerables.
En esta materia, referente al papel de las asociaciones de consumidores, Larenas destacó la necesidad de garantizar recursos adecuados para que estas puedan participar activamente en procesos regulatorios. Para ello, propuso la creación de fondos estatales específicos para apoyar investigaciones, acceso a información relevante y el desarrollo de mecanismos de revisión de precios en contratos eléctricos.
Finalmente, el presidente de ODECU afirmó que, “aunque formalmente se contempla la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en la realidad existe una disparidad de recursos frente a otros actores del sector. Es fundamental nivelar las condiciones para que podamos incidir de manera efectiva en las políticas públicas que afectan directamente a los consumidores”.
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