ODECU manifiesta su preocupación por el uso de leyes de alta urgencia -como el reajuste del sector público- para incorporar “modificaciones a diversos cuerpos legales” en materias sectoriales que afectan directamente a las personas consumidoras y usuarias. Este diseño legislativo mezcla debates heterogéneos, dificulta el seguimiento público de los cambios y reduce la posibilidad de una discusión técnica y social adecuada, especialmente en derechos y servicios esenciales.

Protección de datos personales.

La Ley 21.806 modifica el artículo cuarto transitorio de la Ley 21.719, introduciendo reglas que aceleran y encauzan la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales. Para ODECU, cambios de esta magnitud -con impacto directo en tratamientos de datos en relaciones de consumo como el perfilamiento comercial, seguridad de bases de datos, decisiones automatizadas. debieron discutirse en un debate legislativo específico, no al interior de una ley de reajuste.

Servicios básicos: electricidad

La ley incorpora exigencias explícitas para la atención al cliente en distribución eléctrica: “deberán garantizar que la atención al cliente sea proporcionada por personal humano, cuando así lo solicite” y “El uso exclusivo de sistemas automáticos (…) quedará prohibido” en “consultas, quejas y solicitudes de información”. Además, fija un estándar: “asegurar (…) una atención personalizada dentro de un plazo máximo de cinco minutos”.

Además la ley refuerza obligaciones para personas electrodependientes: registro actualizado y reporte “quincenalmente” a la SEC; y una “línea telefónica de atención prioritaria (…) garantizando su disponibilidad permanente y respuesta oportuna”, incluyendo fallas del equipo de respaldo. Se refuerza el estándar de respaldo: la distribuidora debe “entregar, sin costo (…) un sistema de respaldo” capaz de abastecer “la totalidad de los equipos médicos necesarios” durante interrupciones; y asumir “íntegramente” costos de adquisición, operación, mantenimiento, reparación y eventual reemplazo.

ODECU valora el objetivo, pero advierte que este tipo de reglas requiere discusión, seguimiento público, y un control social y regulatorio robusto para garantizar cumplimiento real en terreno.

ODECU llama a que el Congreso y el Ejecutivo eviten el uso de leyes de reajuste como “contenedores” de reformas sectoriales. Cuando se trata de datos personales y servicios básicos, el estándar democrático mínimo es un debate separado, con participación y control social.