El estudio realizado por ODECU y ACU Nuestro Tiempo, reveló que la alta presencia de grandes cadenas que copan el mercado dificulta la posibilidad de conocer los beneficios de la Ley Cenabast al existir poca oferta que adhiere a ésta.
Aun cuando el 90% de los encuestados se manifiesta favorable a una política de regulación de precios, la dificultad para acceder a una efectiva comparación impone importantes tareas a la autoridad y las organizaciones para desarrollar una política de comunicación efectiva sobre los beneficios de cadenas adheridas a la ley.
La Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), en conjunto con la Asociación de Consumidores Nuestro Tiempo (ACU Nuestro Tiempo), realizaron un proyecto colaborativo, el que fue titulado “Precios de Medicamentos y Farmacias Independientes 2021”. Esto, en el marco de las iniciativas financiadas por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), para organizaciones de consumidores.
Dicho proyecto permitió medir el nivel de conocimiento que tendrían los consumidores sobre la Ley Cenabast, así como también las principales dificultades para preferir farmacias que adhirieran a ésta, corroborando la principal hipótesis del estudio referida a la baja cobertura de locales que adscriben a dicha legislación.
Para Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, “un 90% de las personas estarían a favor de una regulación exhaustiva a los precios de los medicamentos, situación que iría en línea con la mayoría de los países OCDE, donde las políticas de intervención apuntan a un esquema de precios finales con precios máximos (equivalente a la ley Cenabast) y fijación de rentabilidad máxima, ya sea a nivel del mercado mayorista (laboratorios farmacéuticos) y mercado minorista (farmacias)”.
En dicha línea, el estudio corroboró las principales razones que harían que los consumidores escogieran el lugar para comprar los medicamentos, lo que, según agrega Larenas “obedecería a razones como la cercanía de la farmacia y beneficios (descuentos) por pertenecer a grupos de afinidad definidos”.
En este contexto, profundiza el presidente de ODECU, “dominan las respuestas en el caso de las grandes cadenas, lo que es consistente con la estrategia de expansión espacial de los locales de esas empresas, especialmente en los distintos centros urbanos del país, donde se concentran la mayoría de los consumidores”.
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El estudio también arrojó que otro argumento importante estriba en la idea de una estrategia de descuentos a grupos de afinidad, la que se soporta en el hecho que los consumidores no pueden realizar análisis comparativos entre los precios con descuentos versus los precios Cenabast, y por lo tanto, se quedan con la creencia que el precio final del medicamento es atractivo para su compra.
Voluntad de consumidores a cambiarse de proveedor
Para Iván Valdés, presidente de ACU Nuestro Tiempo, asociación de consumidores con sede en Talca, “más allá de estos resultados, queremos destacar que la gente manifiesta su voluntad a cambiarse de proveedor bajo la condición que le cobren precios más bajos”.
Valdés agregó que “esto abre un gran desafío para Cenabast en términos de informar masivamente a la comunidad de su política de regulación. Así también abre un espacio a las Asociaciones de Consumidores para diseñar herramientas educativas apuntando a transparentar los precios del mercado y las fortalezas de las farmacias adheridas a Cenabast”.
Tanto desde ODECU como de ACU Nuestro Tiempo manifestaron el esfuerzo desplegado por ambas organizaciones, los que incluyen videos educativos en redes sociales, los que esperan sirvan no sólo para disminuir la brecha de conocimiento respecto a la ley, sino también para cambiar los patrones de compra de los consumidores en pro de lograr un ahorro en este tipo de productos. “Eso es lo que guía nuestra accionar, educar para apoyar la toma de decisiones de los consumidores”, expresaron ambos presidentes.
Para finalizar, Larenas y Valdés señalaron la importancia del proyecto, el que ha contribuido a darle visibilidad a una tremenda política destinada a regular los precios de los medicamentos, posicionando a Chile en un estándar cercano a lo que sucede en los países desarrollados, donde la autoridad tiene un rol clave para controlar las conductas abusivas de las farmacias que cargan altos sobreprecios por medicamentos necesarios para la población, y de este modo contribuir a darle sostenibilidad a los sistemas de salud.
Para ver el estudio completo, ingrese aquí.
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