La organización advierte que la discusión sobre la llamada Ley Uber debe centrarse en seguridad, información, privacidad y precios razonables, no en presiones de la industria. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación por la persistente incertidumbre en torno a la implementación de la Ley N° 21.553, que regula a las Empresas de Aplicación de Transportes, así como por las señales contradictorias emitidas por distintos gobiernos respecto de su reglamento. Para ODECU, la discusión no debe girar en torno a los intereses de la industria, sino a una pregunta central: qué marco regulatorio protege de mejor manera a las personas consumidoras que utilizan estas plataformas en su vida cotidiana. Esto implica compatibilizar seguridad, transparencia, cobertura, competencia efectiva y resguardo de los datos personales. En ese contexto, ODECU valoró que la ley vigente incorpore avances relevantes, entre ellos el reconocimiento de las plataformas como empresas de transporte, la imputación de responsabilidad frente a fallas del servicio, la exigencia de estándares mínimos de información y seguridad, así como la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. “Las personas consumidoras no pueden seguir atrapadas entre la presión de las plataformas y la disputa política. Chile necesita una regulación que salga del limbo, pero que lo haga sin sacrificar seguridad, transparencia, privacidad ni acceso equitativo al servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. No obstante, ODECU advirtió que la demora en la dictación del reglamento ha prolongado un escenario de indefinición que afecta directamente a las personas usuarias, debilitando la certeza respecto de las condiciones en que se presta el servicio. Asimismo, ODECU enfatizó que cualquier ajuste al reglamento debe fundarse en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando que eventuales modificaciones terminen erosionando derechos en función de presiones sectoriales. Entre los aspectos que no admiten retrocesos, ODECU destacó la necesidad de garantizar información previa y clara sobre tarifas, sin cobros sorpresivos; identificación verificable del conductor y del vehículo; monitoreo del viaje con canales eficaces de emergencia; y la posibilidad de cancelar sin costo ante inconsistencias entre la información entregada por la aplicación y el servicio efectivamente prestado. “Una regulación moderna no puede construirse a costa de debilitar estándares básicos. La información clara, la seguridad del viaje y la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos son condiciones mínimas que deben resguardarse en todo momento”, agregó Stefan Larenas Riobó. ODECU advirtió, además, que el debate regulatorio no puede omitir la protección de los datos personales, considerando el tratamiento intensivo de información sobre recorridos, horarios y patrones de movilidad. En este ámbito, planteó la necesidad de establecer exigencias robustas en materia de seguridad de la información, trazabilidad de accesos y límites en su uso. Finalmente, ODECU llamó al Ejecutivo a definir un plazo claro para la implementación del régimen, asegurar que no se rebajen los estándares de protección, fundamentar adecuadamente cualquier modificación y garantizar la participación efectiva de las organizaciones de consumidores en el proceso.

La organización advierte que la propuesta sobre tarjetas de coordenadas no garantiza accesibilidad ni derechos mínimos para personas mayores y otros consumidores con barreras de acceso, dejando en manos de los bancos decisiones que pueden derivar en exclusión financiera. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a la propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, sobre la mantención excepcional de tarjetas de coordenadas, advirtiendo que, en su forma actual, deja en manos de los emisores la decisión de quiénes podrán seguir operando y quiénes quedarán excluidos del sistema financiero. Según ODECU, la norma no configura un estatuto mínimo de protección para personas mayores ni para consumidores con barreras reales de acceso, como dificultades de conectividad, uso de tecnologías o desplazamiento. Por el contrario, se trata de una propuesta débil y excesivamente dependiente de la discrecionalidad de los bancos. “La CMF no puede conformarse con una regla en que cada emisor decide, según sus propios criterios, quién merece apoyo y quién no. Cuando está en juego el acceso a servicios financieros básicos, la regulación no puede descansar en fórmulas abiertas”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. La organización advirtió que el texto en consulta no reconoce derechos mínimos para los clientes. Entre las principales brechas, destaca la ausencia de un derecho explícito a solicitar inclusión en el régimen excepcional, la falta de una respuesta fundada por parte de las entidades financieras y la inexistencia de mecanismos claros de reclamo. Asimismo, ODECU cuestionó que la propuesta se limite a informar los riesgos de mantener el sistema de tarjetas de coordenadas, sin establecer estándares sobre cómo debe entregarse esa información ni asegurar que sea comprensible y accesible. “Informar no basta. Es necesario asegurar comprensión real, apoyo efectivo y condiciones que permitan tomar decisiones informadas. De lo contrario, se traslada al consumidor el costo de una migración tecnológica”, señaló Stefan Larenas Riobó. En esa línea, ODECU advirtió que la transición digital no puede transformarse en un factor de exclusión financiera. Si la autoridad reconoce que existen consumidores para quienes el reemplazo tecnológico no es viable, la excepción debe diseñarse como un derecho regulado, con criterios objetivos y procedimientos claros. La organización también enfatizó que, si se permitirá mantener excepcionalmente las tarjetas de coordenadas, la norma debe incorporar medidas de seguridad compensatorias, considerando los mayores riesgos asociados a este mecanismo. Entre las propuestas de mejora, ODECU plantea establecer criterios comunes para definir a los grupos exceptuados, crear un derecho de solicitud y revisión, exigir apoyos para una migración asistida e incorporar métricas públicas que permitan monitorear el impacto de la norma. Finalmente, ODECU llamó a la CMF a corregir la propuesta. “La inclusión financiera requiere una regulación clara, con enfoque de derechos, que garantice acceso, seguridad y trato digno para todos los consumidores”, concluyó Stefan Larenas Riobó. Conoce más detalles de la postura de ODECU aquí

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, participó en una instancia internacional de diálogo organizada por Consumers International, que reunió a líderes, autoridades y organizaciones de distintos países para abordar los desafíos globales en materia de seguridad de productos. La jornada convocó a más de 200 participantes a nivel mundial, junto a representantes de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, en torno al lema “Productos seguros, consumidores confiados”. En este espacio, se compartieron experiencias, estudios y propuestas para avanzar hacia mercados más seguros en un contexto cada vez más digital e interconectado. En representación de ODECU, su presidente, Stefan Larenas Riobó, participó en uno de los paneles del encuentro, abordando la experiencia de los consumidores en materia de seguridad de productos, destacando la necesidad de fortalecer la información, la fiscalización y los mecanismos de protección efectiva. “Hoy los mercados son cada vez más complejos y globales, pero los riesgos también lo son. Por eso, la seguridad de los productos no puede depender solo de la buena voluntad de las empresas, sino de estándares claros, fiscalización efectiva y coordinación entre países”, señaló Stefan Larenas Riobó. Seguridad de productos y coordinación internacional: los desafíos de un mercado cada vez más digital El encuentro también evidenció que los sistemas de seguridad de productos enfrentan crecientes dificultades para responder a los desafíos de un mercado digital y globalizado, donde la circulación de bienes y servicios supera las capacidades tradicionales de control. En este contexto, se destacó la importancia de avanzar en mayor regulación, fortalecimiento de la fiscalización, intercambio de información entre países y coordinación internacional para prevenir riesgos y proteger a los consumidores. “Estos espacios son relevantes porque permiten visibilizar problemas comunes y generar acuerdos globales. Sin embargo, el desafío está en que estos compromisos se traduzcan en medidas concretas a nivel local, que efectivamente mejoren la protección de las personas consumidoras”, agregó Stefan Larenas Riobó. Desde ODECU destacaron que su participación en esta instancia refuerza el compromiso de la organización con la defensa de los derechos de los consumidores en un entorno global, promoviendo estándares más exigentes de seguridad, transparencia y responsabilidad en los mercados. Finalmente, ODECU reiteró que continuará impulsando acciones tanto a nivel nacional como internacional para fortalecer la protección de los consumidores, especialmente en un contexto donde los riesgos asociados a productos inseguros y prácticas poco transparentes siguen en aumento. Conoce la intervención de Stefan Larenas aquí https://www.youtube.com/watch?v=FUmo7DIxZ7k

En el marco del evento de comercio electrónico Black Sale, que se desarrolla entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, recordó que las promociones y descuentos no modifican ni suspenden los derechos de las personas consumidoras. En esta edición, donde participan más de 100 marcas, ODECU enfatiza que las empresas deben entregar información clara, veraz y oportuna antes de concretar cualquier compra, incluyendo el precio final, las características relevantes del producto, la disponibilidad o falta de stock, así como los costos de despacho y los tiempos de entrega. Asimismo, ODECU recuerda que la publicidad obliga, por lo que las promociones deben cumplirse en los términos ofrecidos, sin cambios posteriores que perjudiquen a los consumidores. “Los eventos masivos de descuentos no deben afectar los derechos de los consumidores. Las empresas siguen obligadas a informar el precio final, el stock disponible y las condiciones reales de despacho, y deben cumplir exactamente lo que ofrecen. En estas fechas, además, no solo hay que mirar el descuento, sino también la seguridad de la compra y la seriedad del proveedor”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Asimismo, ODECU también subrayó que en el comercio electrónico se mantienen plenamente vigentes los mismos derechos que en las compras presenciales. Esto incluye la garantía legal en caso de productos defectuosos y, en los casos que contempla la normativa, el derecho a retracto dentro de los diez días siguientes desde la recepción del producto o la contratación del servicio. En paralelo, ODECU advirtió sobre el aumento de fraudes digitales durante este tipo de eventos, por lo que llamó a las personas a extremar las medidas de seguridad al momento de comprar en línea, privilegiando sitios oficiales, desconfiando de enlaces sospechosos y utilizando medios de pago seguros. “En estos eventos no solo es importante cotizar, también es clave comprar de forma segura. Si una oferta llega por un enlace sospechoso o fuera de los canales oficiales, puede tratarse de un fraude. La recomendación es verificar siempre el sitio, evitar compartir datos sensibles y utilizar medios de pago que ofrezcan protección al consumidor”, agregó Stefan Larenas Riobó. Finalmente, ODECU reiteró que el Black Sale es una instancia en la que deben respetarse plenamente los derechos de las personas consumidoras, tanto en la información entregada como en el cumplimiento efectivo de las condiciones ofrecidas.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, expresa su preocupación por el retiro, al inicio de la actual gestión ministerial, de los decretos que modifican el Decreto Supremo N°88 sobre medios de generación de pequeña escala (PMGD) y el Decreto Supremo N°125 sobre coordinación y operación del sistema eléctrico. Se trata de modificaciones que buscaban corregir distorsiones en el tratamiento de los PMGD, tanto en materia de recortes de energía como en el mecanismo de compensaciones que reciben los PMGD por parte de los usuarios y otros generadores de energía. El Coordinador Eléctrico Nacional ha advertido reiteradamente que el esquema que beneficia a los PMGD incrementa directamente las cuentas de los clientes libres y que también impactará las tarifas de clientes residenciales a partir del 2027. Las modificaciones al DS N°88 y al DS N°125 son el resultado de un trabajo técnico desarrollado por el Ministerio de Energía junto con la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Coordinador Eléctrico Nacional, seguido de mesas público-privadas durante 2024 y de un proceso formal de consulta pública en 2025, en el que la modificación del DS 125 recibió 1.488 observaciones y la del DS 88, 704. Se trata, además, de reformas que responden a recomendaciones expresas del Coordinador en materias de eficiencia, seguridad y competencia, incluyendo la incorporación de los PMGD a los recortes por sobreoferta, el fortalecimiento de sus exigencias de monitoreo y control, la corrección del régimen de autodespacho y el perfeccionamiento del mecanismo de compensación cuya historia evidencia un fuerte beneficio neto en favor de los PMGD por más de US$ 800 millones por sobre el precio de mercado. El propio Ministerio estimó que solo la corrección asociada a los recortes podría reducir en torno a US$ 54 millones anuales los costos de operación de la red eléctrica. Al respecto, Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU explica que “lo que está en juego no es un aspecto técnico aislado, sino el bolsillo de millones de hogares. Cuando se postergan correcciones a mecanismos que ya han sido identificados como generadores de sobrecostos, lo que se hace en la práctica es mantener un sistema que sigue encareciendo la electricidad. Esa diferencia finalmente la pagan las personas en sus cuentas de la luz”. No es razonable que las familias chilenas comiencen a pagar en sus cuentas de la luz un régimen que ya ha sido identificado por la autoridad técnica como generador de ineficiencias, asimetrías competitivas y sobreprecios. Por todo lo anterior, ODECU hace un llamado a la Ministerio de Energía, a reingresar a la brevedad los decretos modificatorios del DS 88 y del DS 125. La facultad de revisión de la autoridad, no puede traducirse en una postergación de correcciones que fueron largamente trabajadas, consultadas públicamente y orientadas a evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz de los clientes residenciales. Los consumidores no pueden seguir financiando distorsiones que el mismo ministerio de energía reconoció como graves y urgentes de corregir.

En el marco del Travel Sale 2026, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de marzo con la participación de 36 marcas, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, hizo un llamado a las personas consumidoras a informarse adecuadamente antes de contratar servicios turísticos, advirtiendo que se trata de un mercado con altos niveles de reclamos. Según datos del SERNAC, entre 2022 y 2023 se registraron 76.494 reclamos en el sector de agencias de viaje y aerolíneas. De estos, los pasajes concentraron un 80,65% y los paquetes turísticos un 9,87%, lo que evidencia problemas persistentes en la entrega de estos servicios. En este contexto, ODECU enfatiza la importancia de adoptar medidas de resguardo al momento de comprar, especialmente en eventos masivos de ofertas, donde la presión por acceder a descuentos puede afectar la toma de decisiones informadas. “El Travel Sale es una oportunidad para acceder a ofertas, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. No basta con mirar el porcentaje de descuento: es fundamental comparar el precio final, verificar al proveedor y revisar en detalle las condiciones del servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Entre las principales recomendaciones, la organización destaca la necesidad de contratar únicamente con prestadores formales, verificando su registro en plataformas oficiales como SERNATUR. Asimismo, se advierte sobre la importancia de revisar el precio total del servicio, incluyendo tasas, equipaje, seguros, traslados y cualquier cargo adicional. Otro aspecto clave es respaldar toda la información de la oferta. La publicidad y las condiciones informadas por los proveedores son exigibles, por lo que se recomienda guardar pantallazos de precios, fechas, políticas de cambios y cancelaciones, así como cualquier restricción asociada. “Es clave que las personas consumidoras lean con atención las condiciones de cambios, cancelaciones y reembolsos, y que verifiquen si el servicio incluye seguro de viaje y cuál es su cobertura. Muchas de las controversias en este mercado surgen precisamente por falta de información clara o por condiciones que no fueron revisadas oportunamente”, agregó Larenas. ODECU también llamó a desconfiar de ofertas informales, enlaces enviados por mensajería o supuestos premios. En esa línea, se recomienda no entregar datos personales ni bancarios frente a comunicaciones sospechosas y evitar la contratación de servicios en la vía pública o fuera de canales oficiales. Asimismo, la organización recordó que las agencias de viaje responden frente al consumidor, incluso cuando operan como intermediarias de otros servicios, y que existen derechos específicos en el transporte aéreo nacional, como el retracto en ciertas condiciones, la devolución de tasas de embarque y protecciones frente a sobreventa o cancelaciones. “Las agencias no pueden eludir su responsabilidad frente a los consumidores. Además, es importante que las personas conozcan sus derechos en vuelos nacionales, especialmente en situaciones de cancelaciones, retrasos o sobreventa. Frente a cualquier incumplimiento, es fundamental reclamar oportunamente y conservar toda la evidencia”, concluyó Larenas. Finalmente, ODECU reiteró que, ante cualquier incumplimiento, las personas consumidoras deben presentar sus reclamos con respaldo, considerando que el plazo general para ejercer acciones puede extenderse hasta dos años desde ocurrida la infracción o desde que esta cesa.

Bayer y los consumidores norteamericanos llegaron a un acuerdo colectivo por US$ 7.250 millones para resolver reclamos por linfoma no Hodgkin; ODECU exige justicia para pacientes chilenos y pide a la Corte Suprema considerar estos nuevos antecedentes.  La Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, emplazó, en el Día Mundial de los Consumidores, a Bayer a extender a Chile el mismo estándar de reparación que hoy impulsa en Estados Unidos, luego que Bayer llegara a un acuerdo con los consumidores norteamericanos afectados por diagnóstico de Linfoma no Hodgkin asociado al uso del herbicida RoundUp por un monto de US$ 7.250 millones para resolver reclamaciones. El caso judicial se basó en la falta de información al público sobre el potencial cancerígeno del producto, lo que también está en discusión ante la Corte Suprema de nuestro país. Según la información pública disponible, el acuerdo alcanzado contempla aportes y compensaciones para los actuales y futuros afectados por la exposición al RoundUp que produce cáncer. Para ODECU, este anuncio internacional debería replicarse en Chile. Las víctimas chilenas deben ser compensadas porque han sufrido el mismo daño que los enfermos norteamericanos. Si Bayer no implementa un acuerdo similar en Chile, discriminaría arbitrariamente a los enfermos chilenos. Actualmente se tramita en Chile una demanda colectiva ante la Corte Suprema que persigue una compensación de $200 millones por persona afectada (daño material y moral), en favor de consumidores y trabajadores expuestos por años al RoundUp. Tras este anuncio internacional de Bayer, el presidente de ODECU, Stefan Larenas, realizó un enfático llamado a la multinacional alemana: “Si Bayer está dispuesta a poner recursos y reglas para reparar a las víctimas en Estados Unidos, debe hacer lo mismo en Chile. Los enfermos de cáncer en Chile no son ciudadanos de segunda o tercera clase del mundo. Merecen el mismo trato, la misma dignidad y la misma reparación que quienes padecen este linfoma en países desarrollados. Esto es justicia básica, no caridad”. Agregó que en este caso “no se está pidiendo un privilegio: se está exigiendo igualdad. El daño no cambia por frontera y la vida humana no tiene tarifa distinta según el país”.   Llamado a autoridades fiscalizadoras y reguladoras ODECU pidió además a las autoridades chilenas competentes revisar y actualizar sus evaluaciones regulatorias, considerando la evidencia internacional y el propio giro judicial de Bayer en EE.UU. La organización recordó que el glifosato fue clasificado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la OMS, como “probablemente carcinogénico para humanos”, y sostuvo que en el pasado algunas instancias administrativas han descartado o relativizado ese riesgo. Para ODECU, esa postura debe corregirse, con un foco prioritario en la protección de la salud pública.   La demanda en Chile sigue vigente: está en revisión El abogado de la ODECU, Juan Sebastián Reyes, recalcó que la acción colectiva está aún en discusión. “En Chile este caso se sigue ante la Corte Suprema, la que revisará recursos presentados por la ODECU. Este acuerdo constituye un antecedente nuevo en el caso, y debiera ser un precedente para cualquier acción futura de Bayer en nuestro país”   Evidencia científica: nuevos estudios refuerzan la alerta ODECU añadió que el debate se da en un contexto de creciente evidencia científica internacional. En 2025, un estudio publicado en la revista Environmental Health (Global Glyphosate Study) reportó aumentos significativos de leucemias y tumores en múltiples órganos en ratas expuestas a glifosato y a formulaciones comerciales, con aparición temprana en etapas equivalentes a la infancia humana. ODECU reiteró su llamado a Bayer a abrir de inmediato un canal formal para explorar un acuerdo equivalente en Chile, y pidió a las autoridades y tribunales priorizar la protección de la salud pública y el principio de igualdad: el mismo daño no puede recibir respuestas distintas según el país.     Antecedentes del anuncio en EE.UU: Bayer (Monsanto) – Comunicado oficial, 17 de febrero de 2026: https://www.bayer.com/media/en-us/monsanto-announces-roundup-class-settlement-agreement-to-resolve-current-and-future-claims/ AP News – Nota sobre el acuerdo propuesto (18 de febrero de 2026): https://apnews.com/article/bayer-monsanto-roundup-lawsuits-settlement-154ad7c6bdff3a91b06c4e327321160b   El País / Cinco Días – Cobertura en español (17 de febrero de 2026): https://cincodias.elpais.com/companias/2026-02-17/bayer-se-dispara-en-bolsa-con-la-propuesta-de-acuerdo-ante-uno-de-sus-litigios-historicos-en-ee-uu.htmlSr/a. Editor/a, favor considerar en pauta:

En el marco de la celebración internacional, ODECU advierte que la circulación de bienes defectuosos sigue siendo una amenaza para la salud y la seguridad de las personas, especialmente en el comercio electrónico. En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este 15 de marzo, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, puso el foco en una preocupación creciente: la persistencia de productos inseguros en el mercado, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. La edición 2026 de esta conmemoración internacional, coordinada por Consumers International bajo el lema “Safe Products, Confident Consumers”, subraya la importancia de garantizar que los bienes disponibles para las personas no representen riesgos para su salud, seguridad o patrimonio. En un contexto de expansión del comercio electrónico y de cadenas de suministro cada vez más complejas, la fiscalización enfrenta nuevos desafíos. Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, explica que “la seguridad de los productos no es un asunto secundario. Está directamente vinculada con derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad física. Cuando un producto inseguro llega al mercado, el costo lo asumen las personas consumidoras”. Larenas además destacó que el problema no se limita a categorías específicas. Juguetes, dispositivos electrónicos, cosméticos, suplementos alimenticios y artículos de uso cotidiano pueden presentar fallas que, en ausencia de controles eficaces, terminan generando lesiones, pérdidas económicas e incluso daños ambientales. En Chile, si bien existen normas sectoriales y organismos fiscalizadores, ODECU advierte que el crecimiento del comercio digital, junto con un aumento del mercado informal, exige actualizar los mecanismos de supervisión. La velocidad con que los productos se importan, publicitan y se venden online supera muchas veces la capacidad de reacción de los sistemas tradicionales. Hacia una fiscalización acorde a la era digital ODECU sostuvo que la seguridad de los productos requiere un enfoque sistémico y preventivo que comprometa de manera efectiva a autoridades, empresas y consumidores. En esa línea, ODECU propone fortalecer la coordinación entre organismos fiscalizadores para evitar vacíos de supervisión, establecer obligaciones más estrictas para las plataformas de comercio electrónico respecto de los bienes que intermedian, perfeccionar los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de retiro expedito de productos riesgosos, y desarrollar campañas permanentes de educación que permitan a las personas identificar peligros, exigir información clara y utilizar los mecanismos de reclamo disponibles. Asimismo, para ODECU, estas medidas deben aplicarse con criterios de trazabilidad y responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño y fabricación hasta su comercialización y eventual retiro. “La confianza del consumidor no se construye con eslóganes, sino con controles efectivos. Un mercado moderno no puede tolerar que productos defectuosos sigan circulando. Necesitamos una fiscalización robusta y empresas que asuman su responsabilidad en cada etapa de la cadena”, agregó Larenas. En esta línea, ODECU enfatizó que el Día Mundial del Consumidor no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para revisar el estado real de la protección de derechos en un mercado cada vez más digitalizado y globalizado. La seguridad no debe ser un privilegio ni depender del nivel de información del consumidor, sino un estándar garantizado por el sistema. En definitiva, ODECU realiza un llamado a avanzar hacia un mercado donde la innovación y el crecimiento económico vayan de la mano con la protección efectiva de las personas, asegurando que cada producto disponible en el mercado cumpla con estándares claros de seguridad y calidad.

La organización advierte que la modernización tecnológica en el sistema financiero no puede traducirse en exclusión ni en pérdida de autonomía para personas mayores y otros grupos vulnerables. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a anuncios de entidades financieras que adelantan el término de la tarjeta de coordenadas como mecanismo de autenticación bancaria. Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero dispuso que la eliminación obligatoria de este mecanismo rija desde el 1 de agosto de 2026, con el objeto de permitir una transición ordenada hacia mecanismos más robustos, incluida la Autenticación Reforzada de Clientes, evitando interrupciones en el acceso a servicios financieros. Sin embargo, ODECU advierte que la implementación anticipada y, en algunos casos, la sustitución exclusiva por mecanismos digitales como aplicaciones móviles o tokens virtuales puede profundizar la brecha tecnológica y afectar de manera desproporcionada a consumidores vulnerables. Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran personas mayores; personas con discapacidad o limitaciones funcionales de carácter visual, motor o cognitivo; usuarios sin smartphone o con conectividad inestable; consumidores con baja alfabetización digital; y personas que dependen de terceros o cuidadores para operar sus cuentas. “El fortalecimiento de la seguridad es necesario, pero no puede transformarse en digitalización forzada. Cuando un banco reemplaza un mecanismo físico por soluciones exclusivamente digitales, debe asegurar que nadie quede fuera del sistema por razones tecnológicas, económicas o de autonomía”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Marco de derechos y obligaciones legales ODECU subraya que el proyecto de Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, despachado por el Congreso y pendiente de promulgación, consolida un enfoque de derechos que refuerza la dignidad, autonomía e inclusión de las personas mayores. Este estándar eleva las exigencias para proveedores de servicios esenciales, como el financiero. Asimismo, la organización recuerda que cualquier proceso de migración tecnológica debe realizarse con estricto respeto a la Ley del Consumidor y a las relaciones contractuales vigentes. Los proveedores están obligados a entregar información clara y suficiente, garantizar un trato no arbitrario y evitar cambios que, en los hechos, equivalgan a modificaciones unilaterales de las condiciones de acceso a servicios contratados. En ese contexto, ODECU advierte riesgos concretos asociados a estas migraciones: Exclusión o degradación del acceso a cuentas y transferencias durante el proceso de transición. Incremento de fraudes asociados al cambio de mecanismo, como phishing o suplantaciones, si las comunicaciones no son claras y verificables. Sobrecarga de canales de atención que impida recuperar acceso en plazos razonables. Traslación del costo y del riesgo al consumidor bajo la lógica “si no migra, no opera”, tratándose de servicios esenciales. “No es aceptable que el costo de la modernización recaiga en el consumidor. Los bancos deben garantizar continuidad real del servicio y alternativas equivalentes para quienes no pueden utilizar aplicaciones móviles. Seguridad e inclusión no son conceptos excluyentes”, agregó Larenas. Salvaguardas mínimas solicitadas Por lo anterior, ODECU solicita a los bancos, al SERNAC y a la Comisión para el Mercado Financiero adoptar salvaguardas mínimas que aseguren una transición inclusiva y responsable. En primer lugar, debe garantizarse la continuidad real del servicio, de modo que ningún usuario quede sin poder operar por falta de activación, fallas del sistema o errores del nuevo mecanismo. Asimismo, es indispensable que existan alternativas no exclusivamente digitales, con soluciones seguras y utilizables para quienes no pueden emplear aplicaciones móviles. Del mismo modo, ODECU exige asistencia efectiva y prioritaria, con soporte presencial y telefónico reforzado y procedimientos simples de recuperación de acceso, especialmente para personas mayores y usuarios con necesidades especiales. También resulta fundamental asegurar información material, clara y verificable, mediante comunicaciones antifraude y campañas específicas de prevención durante la transición, junto con programas de acompañamiento y capacitación con cobertura territorial y resultados comprobables. Finalmente, el proceso debe respetar el principio de no regresión y no arbitrariedad, evitando cualquier pérdida de acceso respecto del servicio previamente disponible o trato desigual injustificado entre consumidores. Finalmente, ODECU informó que continuará monitoreando este proceso y promoverá que la transición hacia mecanismos más seguros se realice con inclusión, continuidad y pleno respeto a los derechos de las personas consumidoras, evitando que la innovación tecnológica se transforme en una nueva forma de exclusión.

La organización advierte riesgos de seguridad en el consumo y cuestiona la normalización temprana de símbolos asociados al alcohol en productos dirigidos a niños y niñas. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación por la comercialización en el mercado nacional de bebidas sin alcohol dirigidas a niños y niñas, presentadas en envases que replican de manera evidente la estética de espumantes para adultos, incluyendo botellas de cuello largo, cápsulas tipo foil y códigos visuales asociados al brindis y la celebración. La organización identificó la venta de estos productos en diversas plataformas de retail, bajo marcas como Burbujín y Spunch, los cuales se ofrecen explícitamente como “espumantes para niños” o bebidas espumosas infantiles, pese a no contener alcohol. Para ODECU, esta presentación no solo genera confusión en contextos familiares, sino que también instala un riesgo concreto de seguridad en el consumo. “Cuando en una misma celebración coexisten bebidas alcohólicas para adultos y bebidas infantiles con envases prácticamente idénticos, el riesgo de confusión es real y evitable. No se trata de un escenario hipotético, sino de situaciones cotidianas en reuniones familiares donde basta un descuido para cometer un error grave”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Desde la perspectiva de la Ley del Consumidor, la organización enfatiza que este tipo de productos tensiona el derecho a la seguridad en el consumo y el derecho a recibir información clara y oportuna sobre las características relevantes de los bienes. A ello se suma un enfoque reforzado de protección de derechos de la niñez, establecido en la Ley 21.430, que exige estándares especiales para bienes y publicidad dirigidos a niños, niñas y adolescentes. ODECU subraya que el análisis no se limita al hecho de que los productos sean declarados “sin alcohol”. El cuestionamiento central apunta al mensaje comercial completo, donde se combinan personajes infantiles, narrativa festiva y envases que reproducen símbolos propios del consumo de alcohol, lo que contribuye a una normalización temprana de estos códigos culturales. “No es razonable trasladar al ámbito infantil rituales y símbolos asociados históricamente al alcohol. Desde una mirada preventiva, este tipo de marketing constituye un factor de riesgo que debe ser abordado con mayor responsabilidad por parte de fabricantes y retailers”, agregó Larenas. Ante estos antecedentes, ODECU anunció que presentará una denuncia y solicitud de fiscalización ante el SERNAC, para que evalúe la comercialización, categorización y publicidad de estos productos, con especial foco en la protección reforzada de niños y niñas, la seguridad en el consumo y la información entregada a las personas consumidoras. Paralelamente, la organización realizará una presentación ante la Defensoría de la Niñez, solicitando una revisión desde el estándar de derechos de la niñez en materia de consumo y publicidad. Asimismo, ODECU realizó un llamado al retiro preventivo de este tipo de presentaciones infantiles, mientras se desarrollan las evaluaciones regulatorias correspondientes. En caso de que las empresas insistan en su comercialización, la organización plantea la necesidad de rediseñar envases y comunicaciones, eliminando códigos propios de bebidas alcohólicas, reubicando estos productos fuera de categorías asociadas al alcohol y reforzando la información visible tanto en puntos de venta físicos como digitales. Finalmente, ODECU recomendó a madres, padres y cuidadores evitar el uso de bebidas infantiles con estética de espumante en celebraciones donde exista consumo de alcohol, privilegiando alternativas claramente diferenciables que reduzcan riesgos de confusión y exposición simbólica innecesaria.