Un estudio de ODECU revela cómo contratos eléctricos previos a 2015 afectan los costos de la energía en Chile, impidiendo que los hogares accedan a tarifas más bajas y estables.

Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, reveló un factor clave detrás que suma al sostenido incremento en las tarifas eléctricas: los contratos firmados antes de 2015 -y que aún se encuentran vigentes- están indexados al precio de combustibles fósiles, por lo que no sólo experimentan variaciones asociadas al incremento de estos combustibles sino que además están impidiendo que los consumidores regulados accedan a los beneficios de una matriz energética más limpia y económica.

Estas estructuras contractuales, diseñadas en un contexto económico y tecnológico ya superado, hoy representan una carga para los hogares chilenos.

Entre junio de 2024 y enero de 2025, los consumidores residenciales experimentarán un alza promedio de $14.600 en sus cuentas mensuales de electricidad, alcanzando un total de $38.000 para un hogar que consume 180 kWh al mes. Este aumento que pone en jaque los presupuestos familiares, además de responder a correcciones resultado de postergaciones de precio durante la pandemia, están directamente relacionado con la vigencia de estos contratos antiguos que trasladan a los consumidores la volatilidad de los precios internacionales de combustibles como el petróleo y el carbón.

Aunque inicialmente se justificaron para garantizar estabilidad en el suministro eléctrico, hoy resultan un anacronismo que beneficia principalmente a las grandes generadoras.

Ingresos extraordinarios mayores a US$2.300 millones anuales

El informe de ODECU señala que las 4 principales empresas generadoras concentran el 65% de las ganancias derivadas de estas alzas tarifarias. Durante los últimos dos años, estas empresas han registrado ingresos extraordinarios, superando los US$2.300 millones anuales.

Este escenario evidencia una desigualdad estructural: mientras los grandes consumidores, como la industria minera, han renegociado sus contratos para beneficiarse de la caída en los costos de las energías renovables, los hogares y pequeñas empresas siguen atados a un marco contractual obsoleto.

En paralelo, ODECU ha identificado negligencias en la gestión del sistema eléctrico que también afectan a los consumidores. Un fallo reciente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó al Coordinador Eléctrico Nacional por adjudicar una licitación a una empresa con una oferta más cara, ignorando la opción más económica. Este error no solo generó un sobrecosto de US$ 43,25 millones para el sistema, sino que también puso en evidencia la falta de control y supervisión en decisiones críticas.

Necesidad de fortalecer la fiscalización sobre los actores clave del sistema eléctrico

Ante este panorama, ODECU realiza un llamado urgente a la acción. Es imprescindible estudiar renegociaciones de los contratos antiguos para alinearlos con las condiciones actuales del mercado energético, caracterizado por una mayor participación de fuentes renovables. Estas energías, como la solar y la eólica, no solo son más económicas, sino que también ofrecen estabilidad en los costos a largo plazo. Sin embargo, su impacto en las tarifas sigue siendo limitado debido al peso desproporcionado de los contratos indexados a combustibles fósiles.

“No podemos permitir que los contratos antiguos sigan encareciendo injustamente la electricidad para las familias chilenas”.

Al respecto, Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, sostiene que “no podemos permitir que los contratos antiguos sigan encareciendo injustamente la electricidad para las familias chilenas. Es inadmisible que mientras nuestra matriz energética avanza hacia fuentes renovables más económicas, los consumidores sigan pagando precios elevados debido a acuerdos obsoletos y una falta de voluntad para renegociarlos. Necesitamos acciones concretas para que los beneficios de las energías limpias se reflejen en las cuentas de luz de todos los chilenos”.

Además, ODECU enfatiza la necesidad de fortalecer la fiscalización sobre los actores clave del sistema eléctrico, asegurando que las decisiones beneficien a los consumidores y no perpetúen prácticas perjudiciales. La educación al consumidor también es fundamental: entender el impacto de los contratos antiguos y las ventajas de la transición energética permitirá a los ciudadanos exigir un sistema más justo y eficiente.

“Es hora de actuar. Los consumidores merecen un sistema eléctrico que refleje los avances tecnológicos y las oportunidades económicas del mercado actual. La renegociación de contratos y la promoción de energías renovables son pasos esenciales para garantizar tarifas justas y sostenibles”, afirmó Stefan Larenas Riobó.

En definitiva, los consumidores chilenos no pueden seguir soportando el peso de un sistema diseñado para un pasado que ya no existe. La transición hacia un mercado eléctrico más equitativo y moderno es ineludible, y requiere un compromiso conjunto de empresas, reguladores y usuarios.

Finalmente, el informe será enviado a las autoridades reguladoras, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), para impulsar las reformas necesarias.

Para conocer el informe completo, ingresa aquí

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