La organización advierte que la discusión sobre la llamada Ley Uber debe centrarse en seguridad, información, privacidad y precios razonables, no en presiones de la industria. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación por la persistente incertidumbre en torno a la implementación de la Ley N° 21.553, que regula a las Empresas de Aplicación de Transportes, así como por las señales contradictorias emitidas por distintos gobiernos respecto de su reglamento. Para ODECU, la discusión no debe girar en torno a los intereses de la industria, sino a una pregunta central: qué marco regulatorio protege de mejor manera a las personas consumidoras que utilizan estas plataformas en su vida cotidiana. Esto implica compatibilizar seguridad, transparencia, cobertura, competencia efectiva y resguardo de los datos personales. En ese contexto, ODECU valoró que la ley vigente incorpore avances relevantes, entre ellos el reconocimiento de las plataformas como empresas de transporte, la imputación de responsabilidad frente a fallas del servicio, la exigencia de estándares mínimos de información y seguridad, así como la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. “Las personas consumidoras no pueden seguir atrapadas entre la presión de las plataformas y la disputa política. Chile necesita una regulación que salga del limbo, pero que lo haga sin sacrificar seguridad, transparencia, privacidad ni acceso equitativo al servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. No obstante, ODECU advirtió que la demora en la dictación del reglamento ha prolongado un escenario de indefinición que afecta directamente a las personas usuarias, debilitando la certeza respecto de las condiciones en que se presta el servicio. Asimismo, ODECU enfatizó que cualquier ajuste al reglamento debe fundarse en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando que eventuales modificaciones terminen erosionando derechos en función de presiones sectoriales. Entre los aspectos que no admiten retrocesos, ODECU destacó la necesidad de garantizar información previa y clara sobre tarifas, sin cobros sorpresivos; identificación verificable del conductor y del vehículo; monitoreo del viaje con canales eficaces de emergencia; y la posibilidad de cancelar sin costo ante inconsistencias entre la información entregada por la aplicación y el servicio efectivamente prestado. “Una regulación moderna no puede construirse a costa de debilitar estándares básicos. La información clara, la seguridad del viaje y la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos son condiciones mínimas que deben resguardarse en todo momento”, agregó Stefan Larenas Riobó. ODECU advirtió, además, que el debate regulatorio no puede omitir la protección de los datos personales, considerando el tratamiento intensivo de información sobre recorridos, horarios y patrones de movilidad. En este ámbito, planteó la necesidad de establecer exigencias robustas en materia de seguridad de la información, trazabilidad de accesos y límites en su uso. Finalmente, ODECU llamó al Ejecutivo a definir un plazo claro para la implementación del régimen, asegurar que no se rebajen los estándares de protección, fundamentar adecuadamente cualquier modificación y garantizar la participación efectiva de las organizaciones de consumidores en el proceso.

La organización advierte que la propuesta sobre tarjetas de coordenadas no garantiza accesibilidad ni derechos mínimos para personas mayores y otros consumidores con barreras de acceso, dejando en manos de los bancos decisiones que pueden derivar en exclusión financiera. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a la propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, sobre la mantención excepcional de tarjetas de coordenadas, advirtiendo que, en su forma actual, deja en manos de los emisores la decisión de quiénes podrán seguir operando y quiénes quedarán excluidos del sistema financiero. Según ODECU, la norma no configura un estatuto mínimo de protección para personas mayores ni para consumidores con barreras reales de acceso, como dificultades de conectividad, uso de tecnologías o desplazamiento. Por el contrario, se trata de una propuesta débil y excesivamente dependiente de la discrecionalidad de los bancos. “La CMF no puede conformarse con una regla en que cada emisor decide, según sus propios criterios, quién merece apoyo y quién no. Cuando está en juego el acceso a servicios financieros básicos, la regulación no puede descansar en fórmulas abiertas”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. La organización advirtió que el texto en consulta no reconoce derechos mínimos para los clientes. Entre las principales brechas, destaca la ausencia de un derecho explícito a solicitar inclusión en el régimen excepcional, la falta de una respuesta fundada por parte de las entidades financieras y la inexistencia de mecanismos claros de reclamo. Asimismo, ODECU cuestionó que la propuesta se limite a informar los riesgos de mantener el sistema de tarjetas de coordenadas, sin establecer estándares sobre cómo debe entregarse esa información ni asegurar que sea comprensible y accesible. “Informar no basta. Es necesario asegurar comprensión real, apoyo efectivo y condiciones que permitan tomar decisiones informadas. De lo contrario, se traslada al consumidor el costo de una migración tecnológica”, señaló Stefan Larenas Riobó. En esa línea, ODECU advirtió que la transición digital no puede transformarse en un factor de exclusión financiera. Si la autoridad reconoce que existen consumidores para quienes el reemplazo tecnológico no es viable, la excepción debe diseñarse como un derecho regulado, con criterios objetivos y procedimientos claros. La organización también enfatizó que, si se permitirá mantener excepcionalmente las tarjetas de coordenadas, la norma debe incorporar medidas de seguridad compensatorias, considerando los mayores riesgos asociados a este mecanismo. Entre las propuestas de mejora, ODECU plantea establecer criterios comunes para definir a los grupos exceptuados, crear un derecho de solicitud y revisión, exigir apoyos para una migración asistida e incorporar métricas públicas que permitan monitorear el impacto de la norma. Finalmente, ODECU llamó a la CMF a corregir la propuesta. “La inclusión financiera requiere una regulación clara, con enfoque de derechos, que garantice acceso, seguridad y trato digno para todos los consumidores”, concluyó Stefan Larenas Riobó. Conoce más detalles de la postura de ODECU aquí

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, participó en una instancia internacional de diálogo organizada por Consumers International, que reunió a líderes, autoridades y organizaciones de distintos países para abordar los desafíos globales en materia de seguridad de productos. La jornada convocó a más de 200 participantes a nivel mundial, junto a representantes de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, en torno al lema “Productos seguros, consumidores confiados”. En este espacio, se compartieron experiencias, estudios y propuestas para avanzar hacia mercados más seguros en un contexto cada vez más digital e interconectado. En representación de ODECU, su presidente, Stefan Larenas Riobó, participó en uno de los paneles del encuentro, abordando la experiencia de los consumidores en materia de seguridad de productos, destacando la necesidad de fortalecer la información, la fiscalización y los mecanismos de protección efectiva. “Hoy los mercados son cada vez más complejos y globales, pero los riesgos también lo son. Por eso, la seguridad de los productos no puede depender solo de la buena voluntad de las empresas, sino de estándares claros, fiscalización efectiva y coordinación entre países”, señaló Stefan Larenas Riobó. Seguridad de productos y coordinación internacional: los desafíos de un mercado cada vez más digital El encuentro también evidenció que los sistemas de seguridad de productos enfrentan crecientes dificultades para responder a los desafíos de un mercado digital y globalizado, donde la circulación de bienes y servicios supera las capacidades tradicionales de control. En este contexto, se destacó la importancia de avanzar en mayor regulación, fortalecimiento de la fiscalización, intercambio de información entre países y coordinación internacional para prevenir riesgos y proteger a los consumidores. “Estos espacios son relevantes porque permiten visibilizar problemas comunes y generar acuerdos globales. Sin embargo, el desafío está en que estos compromisos se traduzcan en medidas concretas a nivel local, que efectivamente mejoren la protección de las personas consumidoras”, agregó Stefan Larenas Riobó. Desde ODECU destacaron que su participación en esta instancia refuerza el compromiso de la organización con la defensa de los derechos de los consumidores en un entorno global, promoviendo estándares más exigentes de seguridad, transparencia y responsabilidad en los mercados. Finalmente, ODECU reiteró que continuará impulsando acciones tanto a nivel nacional como internacional para fortalecer la protección de los consumidores, especialmente en un contexto donde los riesgos asociados a productos inseguros y prácticas poco transparentes siguen en aumento. Conoce la intervención de Stefan Larenas aquí https://www.youtube.com/watch?v=FUmo7DIxZ7k

En el marco del evento de comercio electrónico Black Sale, que se desarrolla entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, recordó que las promociones y descuentos no modifican ni suspenden los derechos de las personas consumidoras. En esta edición, donde participan más de 100 marcas, ODECU enfatiza que las empresas deben entregar información clara, veraz y oportuna antes de concretar cualquier compra, incluyendo el precio final, las características relevantes del producto, la disponibilidad o falta de stock, así como los costos de despacho y los tiempos de entrega. Asimismo, ODECU recuerda que la publicidad obliga, por lo que las promociones deben cumplirse en los términos ofrecidos, sin cambios posteriores que perjudiquen a los consumidores. “Los eventos masivos de descuentos no deben afectar los derechos de los consumidores. Las empresas siguen obligadas a informar el precio final, el stock disponible y las condiciones reales de despacho, y deben cumplir exactamente lo que ofrecen. En estas fechas, además, no solo hay que mirar el descuento, sino también la seguridad de la compra y la seriedad del proveedor”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Asimismo, ODECU también subrayó que en el comercio electrónico se mantienen plenamente vigentes los mismos derechos que en las compras presenciales. Esto incluye la garantía legal en caso de productos defectuosos y, en los casos que contempla la normativa, el derecho a retracto dentro de los diez días siguientes desde la recepción del producto o la contratación del servicio. En paralelo, ODECU advirtió sobre el aumento de fraudes digitales durante este tipo de eventos, por lo que llamó a las personas a extremar las medidas de seguridad al momento de comprar en línea, privilegiando sitios oficiales, desconfiando de enlaces sospechosos y utilizando medios de pago seguros. “En estos eventos no solo es importante cotizar, también es clave comprar de forma segura. Si una oferta llega por un enlace sospechoso o fuera de los canales oficiales, puede tratarse de un fraude. La recomendación es verificar siempre el sitio, evitar compartir datos sensibles y utilizar medios de pago que ofrezcan protección al consumidor”, agregó Stefan Larenas Riobó. Finalmente, ODECU reiteró que el Black Sale es una instancia en la que deben respetarse plenamente los derechos de las personas consumidoras, tanto en la información entregada como en el cumplimiento efectivo de las condiciones ofrecidas.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, expresa su preocupación por el retiro, al inicio de la actual gestión ministerial, de los decretos que modifican el Decreto Supremo N°88 sobre medios de generación de pequeña escala (PMGD) y el Decreto Supremo N°125 sobre coordinación y operación del sistema eléctrico. Se trata de modificaciones que buscaban corregir distorsiones en el tratamiento de los PMGD, tanto en materia de recortes de energía como en el mecanismo de compensaciones que reciben los PMGD por parte de los usuarios y otros generadores de energía. El Coordinador Eléctrico Nacional ha advertido reiteradamente que el esquema que beneficia a los PMGD incrementa directamente las cuentas de los clientes libres y que también impactará las tarifas de clientes residenciales a partir del 2027. Las modificaciones al DS N°88 y al DS N°125 son el resultado de un trabajo técnico desarrollado por el Ministerio de Energía junto con la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Coordinador Eléctrico Nacional, seguido de mesas público-privadas durante 2024 y de un proceso formal de consulta pública en 2025, en el que la modificación del DS 125 recibió 1.488 observaciones y la del DS 88, 704. Se trata, además, de reformas que responden a recomendaciones expresas del Coordinador en materias de eficiencia, seguridad y competencia, incluyendo la incorporación de los PMGD a los recortes por sobreoferta, el fortalecimiento de sus exigencias de monitoreo y control, la corrección del régimen de autodespacho y el perfeccionamiento del mecanismo de compensación cuya historia evidencia un fuerte beneficio neto en favor de los PMGD por más de US$ 800 millones por sobre el precio de mercado. El propio Ministerio estimó que solo la corrección asociada a los recortes podría reducir en torno a US$ 54 millones anuales los costos de operación de la red eléctrica. Al respecto, Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU explica que “lo que está en juego no es un aspecto técnico aislado, sino el bolsillo de millones de hogares. Cuando se postergan correcciones a mecanismos que ya han sido identificados como generadores de sobrecostos, lo que se hace en la práctica es mantener un sistema que sigue encareciendo la electricidad. Esa diferencia finalmente la pagan las personas en sus cuentas de la luz”. No es razonable que las familias chilenas comiencen a pagar en sus cuentas de la luz un régimen que ya ha sido identificado por la autoridad técnica como generador de ineficiencias, asimetrías competitivas y sobreprecios. Por todo lo anterior, ODECU hace un llamado a la Ministerio de Energía, a reingresar a la brevedad los decretos modificatorios del DS 88 y del DS 125. La facultad de revisión de la autoridad, no puede traducirse en una postergación de correcciones que fueron largamente trabajadas, consultadas públicamente y orientadas a evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz de los clientes residenciales. Los consumidores no pueden seguir financiando distorsiones que el mismo ministerio de energía reconoció como graves y urgentes de corregir.

En el marco del Travel Sale 2026, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de marzo con la participación de 36 marcas, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, hizo un llamado a las personas consumidoras a informarse adecuadamente antes de contratar servicios turísticos, advirtiendo que se trata de un mercado con altos niveles de reclamos. Según datos del SERNAC, entre 2022 y 2023 se registraron 76.494 reclamos en el sector de agencias de viaje y aerolíneas. De estos, los pasajes concentraron un 80,65% y los paquetes turísticos un 9,87%, lo que evidencia problemas persistentes en la entrega de estos servicios. En este contexto, ODECU enfatiza la importancia de adoptar medidas de resguardo al momento de comprar, especialmente en eventos masivos de ofertas, donde la presión por acceder a descuentos puede afectar la toma de decisiones informadas. “El Travel Sale es una oportunidad para acceder a ofertas, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. No basta con mirar el porcentaje de descuento: es fundamental comparar el precio final, verificar al proveedor y revisar en detalle las condiciones del servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Entre las principales recomendaciones, la organización destaca la necesidad de contratar únicamente con prestadores formales, verificando su registro en plataformas oficiales como SERNATUR. Asimismo, se advierte sobre la importancia de revisar el precio total del servicio, incluyendo tasas, equipaje, seguros, traslados y cualquier cargo adicional. Otro aspecto clave es respaldar toda la información de la oferta. La publicidad y las condiciones informadas por los proveedores son exigibles, por lo que se recomienda guardar pantallazos de precios, fechas, políticas de cambios y cancelaciones, así como cualquier restricción asociada. “Es clave que las personas consumidoras lean con atención las condiciones de cambios, cancelaciones y reembolsos, y que verifiquen si el servicio incluye seguro de viaje y cuál es su cobertura. Muchas de las controversias en este mercado surgen precisamente por falta de información clara o por condiciones que no fueron revisadas oportunamente”, agregó Larenas. ODECU también llamó a desconfiar de ofertas informales, enlaces enviados por mensajería o supuestos premios. En esa línea, se recomienda no entregar datos personales ni bancarios frente a comunicaciones sospechosas y evitar la contratación de servicios en la vía pública o fuera de canales oficiales. Asimismo, la organización recordó que las agencias de viaje responden frente al consumidor, incluso cuando operan como intermediarias de otros servicios, y que existen derechos específicos en el transporte aéreo nacional, como el retracto en ciertas condiciones, la devolución de tasas de embarque y protecciones frente a sobreventa o cancelaciones. “Las agencias no pueden eludir su responsabilidad frente a los consumidores. Además, es importante que las personas conozcan sus derechos en vuelos nacionales, especialmente en situaciones de cancelaciones, retrasos o sobreventa. Frente a cualquier incumplimiento, es fundamental reclamar oportunamente y conservar toda la evidencia”, concluyó Larenas. Finalmente, ODECU reiteró que, ante cualquier incumplimiento, las personas consumidoras deben presentar sus reclamos con respaldo, considerando que el plazo general para ejercer acciones puede extenderse hasta dos años desde ocurrida la infracción o desde que esta cesa.