Un estudio de ODECU detectó graves asimetrías de información, cláusulas restrictivas y barreras para terminar contratos en grandes cadenas de gimnasios que operan en Chile. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, dio a conocer los resultados del estudio “Análisis jurídico de las prácticas contractuales y publicitarias en la industria de los gimnasios en Chile”, el cual evidencia un patrón de prácticas que afectan directamente los derechos de las personas consumidoras. El análisis, financiado con recursos del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, examinó contratos, reglamentos internos y prácticas comerciales de grandes cadenas de gimnasios con presencia nacional, identificando siete hallazgos principales que revelan un desequilibrio sistemático en perjuicio de los usuarios. Principales hallazgos del estudio Contratos que no se entregan antes de pagar: El estudio constató que no todos los gimnasios ponen a disposición del consumidor el contrato y sus reglamentos antes de la contratación. En estos casos, las personas se inscriben sin conocer por escrito las condiciones reales del servicio, vulnerando el derecho a información clara, veraz y oportuna. Planes “mensuales” que esconden compromisos anuales: Se detectó que planes promocionados como mensuales implican, en la práctica, contratos de hasta doce meses, con renovación automática y permanencias encubiertas que no siempre se explicitan de manera destacada al contratar. Multas elevadas por término anticipado: En varios contratos se establecen penalidades significativas para quienes deciden terminar antes del plazo, incluyendo retenciones que pueden alcanzar un porcentaje relevante del valor restante del contrato, lo que desincentiva el ejercicio del derecho a poner fin al servicio. Riesgos por lesiones y accidentes trasladados al usuario: Se observó una tendencia a eximir al gimnasio de responsabilidad por lesiones, daños a la salud o accidentes, incluso tratándose de servicios que implican actividad física, uso de máquinas y deberes profesionales de seguridad y prevención. Pérdidas y robos sin responsable efectivo: La mayoría de los contratos revisados excluye la responsabilidad del gimnasio por robos o pérdidas de pertenencias dentro de las instalaciones, aun cuando existen lockers y control de acceso, dejando al consumidor sin protección real. Devoluciones de dinero prácticamente inexistentes: En algunos casos, las únicas causales aceptadas para reembolso son situaciones extremas como fallecimiento o invalidez permanente, excluyendo escenarios habituales como desempleo, cambio de ciudad o dificultades económicas. Uso amplio de datos personales y biométricos: El estudio identificó autorizaciones extensas para el uso de datos personales y biométricos con fines comerciales, de marketing o cesión a terceros, sin distinguir claramente qué información es indispensable para prestar el servicio y cuál no. Gimnasios con mayores problemas detectados por el estudio Si bien todas las cadenas analizadas presentan aspectos que requieren mejoras, el nivel de gravedad y riesgo para las personas consumidoras no es homogéneo. Upgrade (Pacific): Es la cadena que presenta los problemas más graves en materia de transparencia contractual. El estudio constató que sus contratos y reglamentos no se encuentran disponibles antes de la contratación, ni en formato físico ni digital. Esto impide conocer condiciones esenciales como duración del plan, multas, causales de término, congelamientos o responsabilidades, obligando a contratar sin información suficiente. Sportlife: Presenta contratos altamente rígidos y restrictivos, especialmente en materia de término anticipado y devoluciones de dinero. El reglamento interno actúa, en la práctica, como un contrato de adhesión con escasas posibilidades de salida para el consumidor. Solo se aceptan devoluciones en causales extremas, como fallecimiento o invalidez permanente, y el gimnasio se reserva amplias facultades para modificar condiciones, terminar contratos o expulsar socios sin devolución. Energy Fitness Club: Destaca por el uso de un sistema contractual fragmentado, compuesto por múltiples documentos y reglamentos internos extensos, que se incorporan al contrato y pueden modificarse posteriormente. Se advierte un fuerte traslado de riesgos al consumidor, especialmente en materias de responsabilidad por lesiones, robos y sanciones internas, junto con amplias facultades discrecionales del proveedor para suspender o terminar el contrato. SmartFit: Si bien muestra mejores estándares de acceso a la información contractual en comparación con otras cadenas, el estudio identificó problemas relevantes en penalidades por término anticipado, permanencias encubiertas y limitaciones a la flexibilidad del consumidor. En particular, los planes de mayor valor económico imponen multas significativas por salida anticipada y restringen las posibilidades de congelamiento del servicio. Tras exponer estos hallazgos, ODECU llamó a reforzar la fiscalización del sector y a exigir estándares más altos de transparencia contractual, especialmente en servicios de pago continuo como los gimnasios. “Entrenar no puede significar firmar a ciegas, quedar atrapado por multas o asumir riesgos que corresponden a la empresa. La actividad física es una actividad que las personas eligen libremente y no pueden sostenerse sobre contratos desequilibrados que vulneran los derechos del consumidor”, concluyó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. 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A pesar de que cerca del 70% de la matriz eléctrica nacional proviene hoy de fuentes renovables, las tarifas que pagan los hogares continúan determinadas por mecanismos heredados de un diseño contractual desalineado con la realidad actual y por debilidades institucionales que afectan la trazabilidad y transparencia del sistema eléctrico.  Un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, identificó que la estructura tarifaria que enfrentan los hogares chilenos presenta distorsiones profundas que no solamente provienen de la generación ni de la transmisión, sino de fallas acumuladas en la aplicación de principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad dentro del mercado regulado. La investigación, financiada con el Fondo Concursable del SERNAC, concluye que un conjunto reducido de contratos firmados entre 2008 y 2013, correspondientes a cinco empresas generadoras, continúa dominando la formación del precio de la energía que pagan los clientes regulados, pese a ser contratos indexados al petróleo, al gas, al carbón y al tipo de cambio. Esta estructura explica una parte relevante del desalineamiento entre la matriz renovable actual y las tarifas finales. El estudio titulado “Transparencia y Equidad en las Tarifas Eléctricas” también evidencia que las debilidades en la trazabilidad y disponibilidad de información entregada por el Coordinador Eléctrico Nacional constituyen una falla estructural de gobernanza, que obstaculiza la fiscalización efectiva y dificulta el control ciudadano y regulatorio sobre los mecanismos de compensación por indisponibilidades, a lo que suma la correcta aplicación de los contratos y la comprensión del precio final que enfrentan los hogares. Como resultado de estas distorsiones, la investigación estima que se ha generado un sobrecosto sistémico cercano al 15% del componente de energía en las tarifas reguladas, incremento que no responde a costos reales del mercado eléctrico chileno, sino a fallas en el diseño y aplicación del marco contractual vigente. Una estructura tarifaria desconectada de la matriz actual El informe también señala que la exposición al tipo de cambio y a indexadores fósiles heredados de una matriz antigua, impide que las disminuciones en los costos de generación renovable se reflejen en las cuentas de los hogares. Asimismo, los altos niveles de energía renovable vertida, que superan los dos mil ochocientos gigavatios hora al año, representan una pérdida económica que, de manera indirecta, termina siendo absorbida por los consumidores. Para ODECU, el diagnóstico es claro. Según explica Stefan Larenas Riobó, presidente de la organización: “Nuestro compromiso es entregar información independiente, seria y técnicamente fundada que permita mejorar la regulación y proteger a los consumidores. Las familias tienen derecho a entender cómo se construye lo que pagan y a contar con un sistema eléctrico que opere con reglas claras, eficientes y transparentes”. Larenas agrega que esta situación no responde a factores naturales del mercado, sino a un conjunto de fallas que deben ser corregidas para que la transición energética se traduzca en beneficios reales para los hogares. Revisar contratos, fortalecer la gobernanza y avanzar en transparencia El estudio propone avanzar hacia una revisión integral del régimen contractual vigente, actualizar los mecanismos de indexación, reforzar la disponibilidad pública de información del Coordinador Eléctrico Nacional y mejorar los procesos de compensación ante indisponibilidades. Asimismo, recomienda acelerar la incorporación de almacenamiento y redes inteligentes que reduzcan los vertimientos renovables y permitir que los avances tecnológicos del sistema se reflejen efectivamente en las tarifas finales. Finalmente, Larenas subraya la importancia de avanzar en prácticas de transparencia sustantiva: “La ciudadanía tiene derecho a un sistema eléctrico que rinda cuentas con claridad y oportunidad. La transparencia no puede seguir siendo una obligación formal; debe convertirse en una práctica efectiva, que permita a los consumidores comprender y fiscalizar la construcción de sus tarifas”. Para revisar el estudio completo, ingrese aquí.

La investigación identificó un alto cumplimiento en Las Condes y Providencia, y deficiencias importantes en Santiago centro y Ñuñoa. Ante esto, ODECU llama a fortalecer la fiscalización para garantizar igualdad de trato a todos los consumidores. En la Región Metropolitana, el cumplimiento de la ley de estacionamientos depende del barrio. Mientras en las comunas del sector oriente los recintos respetan la normativa, en el centro de la capital y zonas más populares las infracciones son frecuentes. Esa es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, sobre la aplicación de la Ley 20.967, que regula los cobros y responsabilidades de los servicios de estacionamiento. Según la investigación, financiada a través del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores del SERNAC, comunas como Las Condes y Providencia presentan los niveles más altos de cumplimiento, con recintos que aplican correctamente el cobro por minuto, entregan comprobantes claros y exhiben información visible al público. En cambio, en Santiago centro y parte de Ñuñoa persisten prácticas irregulares como el redondeo al alza, modalidades de cobro no permitidas y ausencia de carteles sobre derechos del consumidor. ODECU enfatizó que la Ley 20.967 permite solo dos modalidades de cobro, por minuto efectivo o por tramos definidos. Además, prohíbe expresamente los carteles que eximen de responsabilidad y exige registro exacto del tiempo de uso. Al respecto, ODECU señaló que, si bien la Ley 20.967 ordenó un mercado históricamente desregulado, su efectividad aún depende de una fiscalización más activa por parte de las autoridades y de una mayor educación al consumidor. Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios anunció que continuará monitoreando este sector y difundiendo información para que las personas conozcan sus derechos antes de utilizar un estacionamiento. “Este estudio demuestra que la ley funciona, pero su cumplimiento depende del lugar donde uno estacione. En los sectores donde existe fiscalización y empresas formalizadas, se respetan las reglas; en otros, los consumidores siguen expuestos a cobros indebidos y falta de transparencia. El problema ya no es la norma, sino su aplicación desigual. Las autoridades deben asegurar que la ley se cumpla de la misma manera en todo el territorio, sin distinciones entre barrios”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU.  Visitas a 25 estacionamientos en seis comunas de la Región Metropolitana El informe incluyó visitas con metodología de cliente oculto a 25 estacionamientos en seis comunas de la Región Metropolitana. Los resultados muestran que Las Condes alcanza un cumplimiento alto y Providencia medio alto, mientras que Santiago centro registra el peor desempeño, con casos donde no se informa el sistema de cobro ni se entregan tickets con los valores y tiempos utilizados. “Lo preocupante no es solo el incumplimiento, sino la desigualdad. No puede ser que el respeto a la ley dependa del barrio. Todos los consumidores, vivan donde vivan, deben tener el mismo derecho a un servicio regulado, transparente y seguro. Desde ODECU insistiremos en que se refuercen las fiscalizaciones y se corrijan las malas prácticas, porque la confianza en el mercado también se construye con reglas claras y cumplimiento efectivo”, agregó Larenas. Además, el informe observó que en clínicas y centros de salud de la Región Metropolitana existen diferencias en la aplicación de la gratuidad del estacionamiento para los casos de urgencia, beneficio que la ley establece como obligatorio. Mientras algunas clínicas, como Bupa, Dávila e Indisa, lo aplican correctamente, otras no lo informan de manera clara, lo que genera confusión en los usuarios. Finalmente, ODECU recomienda a los consumidores preferir estacionamientos que exhiban sus precios antes del ingreso y entreguen comprobantes detallados. Junto con esto, reitera la necesidad de fortalecer la fiscalización por parte de las autoridades. Para acceder al estudio completo y sus recomendaciones, ingrese aquí.