Se trata del primer Procedimiento Voluntario Colectivo originado a partir de una gestión directa de una asociación de consumidores. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) valora la decisión del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) contra la empresa León Corp SpA (León Servicio Automotriz), tras la denuncia presentada por esta organización. Este hecho representa un precedente relevante en materia de protección al consumidor, ya que es la primera vez que una acción de esta naturaleza se origina a partir de los antecedentes aportados directamente por una asociación de consumidores. El caso se refiere a una presunta filtración masiva de datos personales, que habría afectado a cerca de 392 mil registros, incluyendo información sensible como nombres, RUT, teléfonos, direcciones y detalles de servicios automotrices. “Este es un avance importante para los derechos de las personas consumidoras y confirma el valor del trabajo que realiza la sociedad civil organizada en la defensa de los ciudadanos”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. De acuerdo con la denuncia, la información expuesta habría circulado en la llamada deep web, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad frente a posibles fraudes digitales o suplantaciones de identidad. Aunque la empresa ha restado gravedad al hecho, ODECU considera que la magnitud del incidente exige medidas de reparación y garantías efectivas para los consumidores. “El Procedimiento Voluntario Colectivo permitirá establecer medidas de compensación y asegurar que la empresa adopte estándares adecuados de seguridad para prevenir hechos similares en el futuro”, agregó Larenas. Finalmente, ODECU continuará monitoreando el desarrollo del proceso, que tendrá una duración inicial de tres meses, con el objetivo de velar porque las medidas adoptadas sean efectivas, transparentes y oportunas.

La organización recuerda que los consumidores tienen derecho a reembolso, reprogramación y asistencia durante la espera, según la normativa vigente. La actual huelga de pilotos de LATAM ha provocado cancelaciones y retrasos de vuelos en todo el país, afectando a miles de pasajeros. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, recordó a las personas afectadas que cuentan con derechos garantizados por la legislación chilena y que deben ser respetados por la aerolínea. Según la normativa, cuando un vuelo se cancela o retrasa, los pasajeros tienen derecho a embarcar en el siguiente vuelo disponible o, si lo prefieren, solicitar un medio de transporte alternativo ofrecido por la misma compañía. Si optan por no continuar el viaje, pueden exigir el reembolso total del valor del pasaje cuando la nueva salida se retrase más de tres horas respecto del itinerario original, o cuatro horas en el caso de aeronaves pequeñas. Durante la espera, la empresa debe ofrecer asistencia adecuada, que puede incluir comunicaciones, alimentación y, cuando corresponda, alojamiento y traslados, siempre que la causa del retraso o cancelación sea imputable a la compañía. En casos de sobreventa, los pasajeros también tienen derecho a compensaciones económicas expresadas en UF, cuyo monto depende de la distancia y tipo de vuelo. “Las aerolíneas tienen la obligación de informar y asistir adecuadamente a los pasajeros. No basta con notificar la cancelación: deben ofrecer alternativas concretas, reembolsos y apoyo durante la espera”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Junto con ello, Larenas agregó que desde ODECU “canalizaremos los reclamos ante las instancias pertinentes. La información y la acción son las mejores herramientas para defender los derechos de las personas consumidoras”. Para orientación y asistencia, los pasajeros pueden ingresar a www.odecu.cl y acceder a las vías de contacto disponibles para consultas y reclamos.

La organización reconoció la importancia del error detectado por la Comisión Nacional de Energía, pero solicitó certezas sobre la magnitud de la baja, el período afectado y el mecanismo de restitución a los usuarios. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, valoró que la Comisión Nacional de Energía, CNE, haya reconocido una inconsistencia metodológica en el cálculo de las tarifas eléctricas, que implicaría una reducción promedio de 2% en las cuentas de luz a partir de enero de 2026. Ante esto, ODECU solicita claridad sobre el alcance exacto del error, su efecto real en las tarifas y la forma en que se compensará a los consumidores por los cobros en exceso. “Valoramos la transparencia de la CNE al reconocer públicamente el error. Es un paso positivo hacia la confianza ciudadana, pero ahora se requiere entregar certezas. El informe definitivo y el decreto tarifario deben precisar el alcance del error y cómo se reflejará en la cuenta final”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. La CNE explicó que la “doble actualización” del componente inflacionario, aplicada mediante el IPC y la tasa de interés corriente en operaciones no reajustables, habría generado cobros superiores a los debidos. Por ello, ODECU exigió que cualquier restitución se realice de manera automática, íntegra y trazable, con descuentos visibles en las boletas futuras y sin trámites individuales. Claridad y coordinación institucional ODECU solicitó a la CNE y al Ministerio de Energía publicar en un solo sitio el calendario de hitos, las tablas por zona y comuna, y ejemplos de boletas antes y después del ajuste, de modo que las familias comprendan cuánto bajará su cuenta y por qué. También propuso una mesa técnica entre la CNE, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, y el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, para validar el mecanismo de restitución y facilitar reclamos si los descuentos no se aplican correctamente. “La corrección tarifaria debe realizarse con la misma rigurosidad con que se detectó el error. Las autoridades y las empresas deben actuar coordinadas para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los hogares”, agregó Larenas. Finalmente, ODECU hizo un llamado a la prudencia comunicacional, recordando que el informe es preliminar y que la baja se confirmará solo cuando el decreto tarifario de 2026 entre en vigencia. La organización reiteró su compromiso con la vigilancia ciudadana y la defensa de los derechos de los consumidores.

Con la llegada del Cyber Monday se multiplican las promociones y descuentos en línea, pero también aumentan los riesgos de abusos y malas prácticas. Como consumidor tienes derechos claros que debes conocer y exigir.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) anunció la modernización de su estudio de podcast gracias al financiamiento obtenido a través de un fondo concursable del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). La iniciativa permitirá transformar el tradicional formato de audio en un producto audiovisual, con el fin de ampliar el alcance y la claridad de los contenidos que la institución entrega desde 2019 en materia de educación al consumidor.

A través de una demanda colectiva interpuesta ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, se busca obtener una compensación de $200 millones de pesos por persona afectada, dividida en daño material y moral. Aunque la demanda fue rechazada en primera y segunda instancia, es ahora la Corte Suprema quien tiene la palabra.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas que han sido gravemente afectadas por la exposición prolongada al herbicida Roundup, comercializado en Chile por Bayer/Monsanto. A través de una demanda colectiva interpuesta ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, se busca obtener una compensación de $200 millones de pesos por persona afectada, dividida en daño material y moral.

La aerolínea dejó durante cuatro días sin asistencia a una pasajera que debía viajar por motivos médicos. No ofreció comida, alojamiento ni transporte. Hasta ahora, no ha entregado ninguna respuesta formal, pese a los reclamos presentados ante el SERNAC.

Entre los principales hallazgos se detectó la comercialización de productos sin etiquetado en español, la ausencia de sellos de certificaciones en artículos electrónicos, y la entrega de documentos que simulan boletas, como “preboletas” o vales, que no tienen validez tributaria ni permiten ejercer el derecho a garantía legal.