En el marco del Travel Sale 2026, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de marzo con la participación de 36 marcas, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, hizo un llamado a las personas consumidoras a informarse adecuadamente antes de contratar servicios turísticos, advirtiendo que se trata de un mercado con altos niveles de reclamos. Según datos del SERNAC, entre 2022 y 2023 se registraron 76.494 reclamos en el sector de agencias de viaje y aerolíneas. De estos, los pasajes concentraron un 80,65% y los paquetes turísticos un 9,87%, lo que evidencia problemas persistentes en la entrega de estos servicios. En este contexto, ODECU enfatiza la importancia de adoptar medidas de resguardo al momento de comprar, especialmente en eventos masivos de ofertas, donde la presión por acceder a descuentos puede afectar la toma de decisiones informadas. “El Travel Sale es una oportunidad para acceder a ofertas, pero también implica riesgos si no se toman precauciones. No basta con mirar el porcentaje de descuento: es fundamental comparar el precio final, verificar al proveedor y revisar en detalle las condiciones del servicio”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Entre las principales recomendaciones, la organización destaca la necesidad de contratar únicamente con prestadores formales, verificando su registro en plataformas oficiales como SERNATUR. Asimismo, se advierte sobre la importancia de revisar el precio total del servicio, incluyendo tasas, equipaje, seguros, traslados y cualquier cargo adicional. Otro aspecto clave es respaldar toda la información de la oferta. La publicidad y las condiciones informadas por los proveedores son exigibles, por lo que se recomienda guardar pantallazos de precios, fechas, políticas de cambios y cancelaciones, así como cualquier restricción asociada. “Es clave que las personas consumidoras lean con atención las condiciones de cambios, cancelaciones y reembolsos, y que verifiquen si el servicio incluye seguro de viaje y cuál es su cobertura. Muchas de las controversias en este mercado surgen precisamente por falta de información clara o por condiciones que no fueron revisadas oportunamente”, agregó Larenas. ODECU también llamó a desconfiar de ofertas informales, enlaces enviados por mensajería o supuestos premios. En esa línea, se recomienda no entregar datos personales ni bancarios frente a comunicaciones sospechosas y evitar la contratación de servicios en la vía pública o fuera de canales oficiales. Asimismo, la organización recordó que las agencias de viaje responden frente al consumidor, incluso cuando operan como intermediarias de otros servicios, y que existen derechos específicos en el transporte aéreo nacional, como el retracto en ciertas condiciones, la devolución de tasas de embarque y protecciones frente a sobreventa o cancelaciones. “Las agencias no pueden eludir su responsabilidad frente a los consumidores. Además, es importante que las personas conozcan sus derechos en vuelos nacionales, especialmente en situaciones de cancelaciones, retrasos o sobreventa. Frente a cualquier incumplimiento, es fundamental reclamar oportunamente y conservar toda la evidencia”, concluyó Larenas. Finalmente, ODECU reiteró que, ante cualquier incumplimiento, las personas consumidoras deben presentar sus reclamos con respaldo, considerando que el plazo general para ejercer acciones puede extenderse hasta dos años desde ocurrida la infracción o desde que esta cesa.

Bayer y los consumidores norteamericanos llegaron a un acuerdo colectivo por US$ 7.250 millones para resolver reclamos por linfoma no Hodgkin; ODECU exige justicia para pacientes chilenos y pide a la Corte Suprema considerar estos nuevos antecedentes.  La Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, emplazó, en el Día Mundial de los Consumidores, a Bayer a extender a Chile el mismo estándar de reparación que hoy impulsa en Estados Unidos, luego que Bayer llegara a un acuerdo con los consumidores norteamericanos afectados por diagnóstico de Linfoma no Hodgkin asociado al uso del herbicida RoundUp por un monto de US$ 7.250 millones para resolver reclamaciones. El caso judicial se basó en la falta de información al público sobre el potencial cancerígeno del producto, lo que también está en discusión ante la Corte Suprema de nuestro país. Según la información pública disponible, el acuerdo alcanzado contempla aportes y compensaciones para los actuales y futuros afectados por la exposición al RoundUp que produce cáncer. Para ODECU, este anuncio internacional debería replicarse en Chile. Las víctimas chilenas deben ser compensadas porque han sufrido el mismo daño que los enfermos norteamericanos. Si Bayer no implementa un acuerdo similar en Chile, discriminaría arbitrariamente a los enfermos chilenos. Actualmente se tramita en Chile una demanda colectiva ante la Corte Suprema que persigue una compensación de $200 millones por persona afectada (daño material y moral), en favor de consumidores y trabajadores expuestos por años al RoundUp. Tras este anuncio internacional de Bayer, el presidente de ODECU, Stefan Larenas, realizó un enfático llamado a la multinacional alemana: “Si Bayer está dispuesta a poner recursos y reglas para reparar a las víctimas en Estados Unidos, debe hacer lo mismo en Chile. Los enfermos de cáncer en Chile no son ciudadanos de segunda o tercera clase del mundo. Merecen el mismo trato, la misma dignidad y la misma reparación que quienes padecen este linfoma en países desarrollados. Esto es justicia básica, no caridad”. Agregó que en este caso “no se está pidiendo un privilegio: se está exigiendo igualdad. El daño no cambia por frontera y la vida humana no tiene tarifa distinta según el país”.   Llamado a autoridades fiscalizadoras y reguladoras ODECU pidió además a las autoridades chilenas competentes revisar y actualizar sus evaluaciones regulatorias, considerando la evidencia internacional y el propio giro judicial de Bayer en EE.UU. La organización recordó que el glifosato fue clasificado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la OMS, como “probablemente carcinogénico para humanos”, y sostuvo que en el pasado algunas instancias administrativas han descartado o relativizado ese riesgo. Para ODECU, esa postura debe corregirse, con un foco prioritario en la protección de la salud pública.   La demanda en Chile sigue vigente: está en revisión El abogado de la ODECU, Juan Sebastián Reyes, recalcó que la acción colectiva está aún en discusión. “En Chile este caso se sigue ante la Corte Suprema, la que revisará recursos presentados por la ODECU. Este acuerdo constituye un antecedente nuevo en el caso, y debiera ser un precedente para cualquier acción futura de Bayer en nuestro país”   Evidencia científica: nuevos estudios refuerzan la alerta ODECU añadió que el debate se da en un contexto de creciente evidencia científica internacional. En 2025, un estudio publicado en la revista Environmental Health (Global Glyphosate Study) reportó aumentos significativos de leucemias y tumores en múltiples órganos en ratas expuestas a glifosato y a formulaciones comerciales, con aparición temprana en etapas equivalentes a la infancia humana. ODECU reiteró su llamado a Bayer a abrir de inmediato un canal formal para explorar un acuerdo equivalente en Chile, y pidió a las autoridades y tribunales priorizar la protección de la salud pública y el principio de igualdad: el mismo daño no puede recibir respuestas distintas según el país.     Antecedentes del anuncio en EE.UU: Bayer (Monsanto) – Comunicado oficial, 17 de febrero de 2026: https://www.bayer.com/media/en-us/monsanto-announces-roundup-class-settlement-agreement-to-resolve-current-and-future-claims/ AP News – Nota sobre el acuerdo propuesto (18 de febrero de 2026): https://apnews.com/article/bayer-monsanto-roundup-lawsuits-settlement-154ad7c6bdff3a91b06c4e327321160b   El País / Cinco Días – Cobertura en español (17 de febrero de 2026): https://cincodias.elpais.com/companias/2026-02-17/bayer-se-dispara-en-bolsa-con-la-propuesta-de-acuerdo-ante-uno-de-sus-litigios-historicos-en-ee-uu.htmlSr/a. Editor/a, favor considerar en pauta:

En el marco de la celebración internacional, ODECU advierte que la circulación de bienes defectuosos sigue siendo una amenaza para la salud y la seguridad de las personas, especialmente en el comercio electrónico. En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este 15 de marzo, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, puso el foco en una preocupación creciente: la persistencia de productos inseguros en el mercado, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. La edición 2026 de esta conmemoración internacional, coordinada por Consumers International bajo el lema “Safe Products, Confident Consumers”, subraya la importancia de garantizar que los bienes disponibles para las personas no representen riesgos para su salud, seguridad o patrimonio. En un contexto de expansión del comercio electrónico y de cadenas de suministro cada vez más complejas, la fiscalización enfrenta nuevos desafíos. Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, explica que “la seguridad de los productos no es un asunto secundario. Está directamente vinculada con derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad física. Cuando un producto inseguro llega al mercado, el costo lo asumen las personas consumidoras”. Larenas además destacó que el problema no se limita a categorías específicas. Juguetes, dispositivos electrónicos, cosméticos, suplementos alimenticios y artículos de uso cotidiano pueden presentar fallas que, en ausencia de controles eficaces, terminan generando lesiones, pérdidas económicas e incluso daños ambientales. En Chile, si bien existen normas sectoriales y organismos fiscalizadores, ODECU advierte que el crecimiento del comercio digital, junto con un aumento del mercado informal, exige actualizar los mecanismos de supervisión. La velocidad con que los productos se importan, publicitan y se venden online supera muchas veces la capacidad de reacción de los sistemas tradicionales. Hacia una fiscalización acorde a la era digital ODECU sostuvo que la seguridad de los productos requiere un enfoque sistémico y preventivo que comprometa de manera efectiva a autoridades, empresas y consumidores. En esa línea, ODECU propone fortalecer la coordinación entre organismos fiscalizadores para evitar vacíos de supervisión, establecer obligaciones más estrictas para las plataformas de comercio electrónico respecto de los bienes que intermedian, perfeccionar los sistemas de alerta temprana y los procedimientos de retiro expedito de productos riesgosos, y desarrollar campañas permanentes de educación que permitan a las personas identificar peligros, exigir información clara y utilizar los mecanismos de reclamo disponibles. Asimismo, para ODECU, estas medidas deben aplicarse con criterios de trazabilidad y responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño y fabricación hasta su comercialización y eventual retiro. “La confianza del consumidor no se construye con eslóganes, sino con controles efectivos. Un mercado moderno no puede tolerar que productos defectuosos sigan circulando. Necesitamos una fiscalización robusta y empresas que asuman su responsabilidad en cada etapa de la cadena”, agregó Larenas. En esta línea, ODECU enfatizó que el Día Mundial del Consumidor no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para revisar el estado real de la protección de derechos en un mercado cada vez más digitalizado y globalizado. La seguridad no debe ser un privilegio ni depender del nivel de información del consumidor, sino un estándar garantizado por el sistema. En definitiva, ODECU realiza un llamado a avanzar hacia un mercado donde la innovación y el crecimiento económico vayan de la mano con la protección efectiva de las personas, asegurando que cada producto disponible en el mercado cumpla con estándares claros de seguridad y calidad.

La organización advierte que la modernización tecnológica en el sistema financiero no puede traducirse en exclusión ni en pérdida de autonomía para personas mayores y otros grupos vulnerables. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación frente a anuncios de entidades financieras que adelantan el término de la tarjeta de coordenadas como mecanismo de autenticación bancaria. Cabe recordar que la Comisión para el Mercado Financiero dispuso que la eliminación obligatoria de este mecanismo rija desde el 1 de agosto de 2026, con el objeto de permitir una transición ordenada hacia mecanismos más robustos, incluida la Autenticación Reforzada de Clientes, evitando interrupciones en el acceso a servicios financieros. Sin embargo, ODECU advierte que la implementación anticipada y, en algunos casos, la sustitución exclusiva por mecanismos digitales como aplicaciones móviles o tokens virtuales puede profundizar la brecha tecnológica y afectar de manera desproporcionada a consumidores vulnerables. Entre los grupos potencialmente afectados se encuentran personas mayores; personas con discapacidad o limitaciones funcionales de carácter visual, motor o cognitivo; usuarios sin smartphone o con conectividad inestable; consumidores con baja alfabetización digital; y personas que dependen de terceros o cuidadores para operar sus cuentas. “El fortalecimiento de la seguridad es necesario, pero no puede transformarse en digitalización forzada. Cuando un banco reemplaza un mecanismo físico por soluciones exclusivamente digitales, debe asegurar que nadie quede fuera del sistema por razones tecnológicas, económicas o de autonomía”, afirmó Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Marco de derechos y obligaciones legales ODECU subraya que el proyecto de Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, despachado por el Congreso y pendiente de promulgación, consolida un enfoque de derechos que refuerza la dignidad, autonomía e inclusión de las personas mayores. Este estándar eleva las exigencias para proveedores de servicios esenciales, como el financiero. Asimismo, la organización recuerda que cualquier proceso de migración tecnológica debe realizarse con estricto respeto a la Ley del Consumidor y a las relaciones contractuales vigentes. Los proveedores están obligados a entregar información clara y suficiente, garantizar un trato no arbitrario y evitar cambios que, en los hechos, equivalgan a modificaciones unilaterales de las condiciones de acceso a servicios contratados. En ese contexto, ODECU advierte riesgos concretos asociados a estas migraciones: Exclusión o degradación del acceso a cuentas y transferencias durante el proceso de transición. Incremento de fraudes asociados al cambio de mecanismo, como phishing o suplantaciones, si las comunicaciones no son claras y verificables. Sobrecarga de canales de atención que impida recuperar acceso en plazos razonables. Traslación del costo y del riesgo al consumidor bajo la lógica “si no migra, no opera”, tratándose de servicios esenciales. “No es aceptable que el costo de la modernización recaiga en el consumidor. Los bancos deben garantizar continuidad real del servicio y alternativas equivalentes para quienes no pueden utilizar aplicaciones móviles. Seguridad e inclusión no son conceptos excluyentes”, agregó Larenas. Salvaguardas mínimas solicitadas Por lo anterior, ODECU solicita a los bancos, al SERNAC y a la Comisión para el Mercado Financiero adoptar salvaguardas mínimas que aseguren una transición inclusiva y responsable. En primer lugar, debe garantizarse la continuidad real del servicio, de modo que ningún usuario quede sin poder operar por falta de activación, fallas del sistema o errores del nuevo mecanismo. Asimismo, es indispensable que existan alternativas no exclusivamente digitales, con soluciones seguras y utilizables para quienes no pueden emplear aplicaciones móviles. Del mismo modo, ODECU exige asistencia efectiva y prioritaria, con soporte presencial y telefónico reforzado y procedimientos simples de recuperación de acceso, especialmente para personas mayores y usuarios con necesidades especiales. También resulta fundamental asegurar información material, clara y verificable, mediante comunicaciones antifraude y campañas específicas de prevención durante la transición, junto con programas de acompañamiento y capacitación con cobertura territorial y resultados comprobables. Finalmente, el proceso debe respetar el principio de no regresión y no arbitrariedad, evitando cualquier pérdida de acceso respecto del servicio previamente disponible o trato desigual injustificado entre consumidores. Finalmente, ODECU informó que continuará monitoreando este proceso y promoverá que la transición hacia mecanismos más seguros se realice con inclusión, continuidad y pleno respeto a los derechos de las personas consumidoras, evitando que la innovación tecnológica se transforme en una nueva forma de exclusión.

La organización advierte riesgos de seguridad en el consumo y cuestiona la normalización temprana de símbolos asociados al alcohol en productos dirigidos a niños y niñas. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, manifestó su preocupación por la comercialización en el mercado nacional de bebidas sin alcohol dirigidas a niños y niñas, presentadas en envases que replican de manera evidente la estética de espumantes para adultos, incluyendo botellas de cuello largo, cápsulas tipo foil y códigos visuales asociados al brindis y la celebración. La organización identificó la venta de estos productos en diversas plataformas de retail, bajo marcas como Burbujín y Spunch, los cuales se ofrecen explícitamente como “espumantes para niños” o bebidas espumosas infantiles, pese a no contener alcohol. Para ODECU, esta presentación no solo genera confusión en contextos familiares, sino que también instala un riesgo concreto de seguridad en el consumo. “Cuando en una misma celebración coexisten bebidas alcohólicas para adultos y bebidas infantiles con envases prácticamente idénticos, el riesgo de confusión es real y evitable. No se trata de un escenario hipotético, sino de situaciones cotidianas en reuniones familiares donde basta un descuido para cometer un error grave”, señaló Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU. Desde la perspectiva de la Ley del Consumidor, la organización enfatiza que este tipo de productos tensiona el derecho a la seguridad en el consumo y el derecho a recibir información clara y oportuna sobre las características relevantes de los bienes. A ello se suma un enfoque reforzado de protección de derechos de la niñez, establecido en la Ley 21.430, que exige estándares especiales para bienes y publicidad dirigidos a niños, niñas y adolescentes. ODECU subraya que el análisis no se limita al hecho de que los productos sean declarados “sin alcohol”. El cuestionamiento central apunta al mensaje comercial completo, donde se combinan personajes infantiles, narrativa festiva y envases que reproducen símbolos propios del consumo de alcohol, lo que contribuye a una normalización temprana de estos códigos culturales. “No es razonable trasladar al ámbito infantil rituales y símbolos asociados históricamente al alcohol. Desde una mirada preventiva, este tipo de marketing constituye un factor de riesgo que debe ser abordado con mayor responsabilidad por parte de fabricantes y retailers”, agregó Larenas. Ante estos antecedentes, ODECU anunció que presentará una denuncia y solicitud de fiscalización ante el SERNAC, para que evalúe la comercialización, categorización y publicidad de estos productos, con especial foco en la protección reforzada de niños y niñas, la seguridad en el consumo y la información entregada a las personas consumidoras. Paralelamente, la organización realizará una presentación ante la Defensoría de la Niñez, solicitando una revisión desde el estándar de derechos de la niñez en materia de consumo y publicidad. Asimismo, ODECU realizó un llamado al retiro preventivo de este tipo de presentaciones infantiles, mientras se desarrollan las evaluaciones regulatorias correspondientes. En caso de que las empresas insistan en su comercialización, la organización plantea la necesidad de rediseñar envases y comunicaciones, eliminando códigos propios de bebidas alcohólicas, reubicando estos productos fuera de categorías asociadas al alcohol y reforzando la información visible tanto en puntos de venta físicos como digitales. Finalmente, ODECU recomendó a madres, padres y cuidadores evitar el uso de bebidas infantiles con estética de espumante en celebraciones donde exista consumo de alcohol, privilegiando alternativas claramente diferenciables que reduzcan riesgos de confusión y exposición simbólica innecesaria.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, participó en el Foro Internacional “15 años del Código de Protección y Defensa del Consumidor”, organizado en Lima, instancia en la que el presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, expuso sobre la evolución del sistema chileno de acciones colectivas y su impacto en la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Durante su intervención, Larenas presentó un análisis detallado de más de dos décadas de avances en justicia colectiva en Chile, destacando cómo el país pasó de un modelo centrado en reclamaciones individuales a un sistema capaz de enfrentar abusos masivos con herramientas proporcionales y fiscalizables. “Las acciones colectivas no nacieron para generar titulares, sino para quebrar un modelo donde el abuso masivo era un buen negocio. Hoy hablamos de ciudadanía con dientes: sanción, reparación y prevención”, señaló Larenas. Una transformación estructural en la defensa del consumidor En su exposición, el presidente de ODECU explicó la evolución del sistema chileno desde la aprobación de la Ley del Consumidor de 1997 hasta las reformas más recientes, resaltando tres elementos centrales: La protección dejó de ser individual para volverse comunitaria. La reforma de 2004 permitió perseguir intereses colectivos y difusos, abriendo paso a la intervención de asociaciones de consumidores, el SERNAC y grupos organizados de ciudadanos. Los casos emblemáticos cambiaron el estándar del mercado. Ejemplos como Farmacias, Cencosud, La Polar, Papel Tissue, Dieselgate y Apple mostraron que los abusos no eran hechos aislados, sino prácticas reiteradas que solo podían enfrentarse con mecanismos colectivos. El Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) modernizó la reparación. Desde 2018, el PVC ha permitido soluciones rápidas y públicas, como compensaciones automáticas tras cortes prolongados de luz, revisión de cobros indebidos en créditos y reparaciones masivas en telecomunicaciones. “Lo que antes era un problema de servicio al cliente, hoy se interpreta como un problema de interés público. Cuando una empresa afecta a cientos de miles de personas, la respuesta no puede ser individual”, afirmó Larenas. Sanciones, reparación integral y prevención futura Larenas también subrayó que el modelo chileno combina sanciones públicas, reparación privada efectiva y medidas estructurales para evitar que los hechos se repitan. Entre ellas destacan: Multas colectivas proporcionales al número de afectados Indemnización incrementada en casos con agravantes graves Planes de cumplimiento que obligan a modificar procesos internos Compensaciones automáticas cuando la empresa tiene los datos de los afectados Además, enfatizó que el sistema reconoce hoy el daño moral colectivo, herramienta clave en casos donde una práctica masiva genera un agravio común a la comunidad de consumidores. Desafíos: tiempo, transparencia y el nuevo frente digital En el foro, Larenas destacó que, pese a los avances, existen desafíos urgentes: acortar los tiempos judiciales, asegurar que las compensaciones lleguen efectivamente a todas las personas y fortalecer la información ciudadana para que los acuerdos colectivos sean plenamente conocidos. Asimismo, advirtió sobre el surgimiento de abusos en entornos digitales: “El abuso ya no está solo en la góndola del supermercado. Hoy ocurre en algoritmos, en actualizaciones que degradan equipos, en filtraciones de datos o en fraudes electrónicos donde después se le dice a la persona que ‘ella autorizó’. Ese es el nuevo campo de batalla”. Finalmente, ODECU valoró la instancia como una oportunidad para fortalecer vínculos con organizaciones peruanas y autoridades que trabajan en la protección del consumidor. “Frente a prácticas empresariales que cruzan fronteras, la defensa del consumidor también debe ser regional. La acción colectiva, la transparencia obligatoria y la reparación automática son pilares que deben consolidarse en toda Latinoamérica”, concluyó Larenas.