Un estudio estima que las apuestas online generan entre US$800 y US$1.200 millones anuales en costos económicos y sociales en Chile. El debate legislativo avanza, pero el estándar no puede ser solo fiscal: debe proteger a las personas. Hoy, las pérdidas se socializan en salud, endeudamiento y conflictos, mientras las ganancias se privatizan.

Desde nuestra posición como organización comprometida con la defensa de los derechos de los consumidores, valoramos la iniciativa presentada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), mediante la cual solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la dictación de una “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada” (Expediente ERN-32-2023). Esta solicitud, además de legítima en sus fines, impulsa un debate urgente y relevante sobre el rol que desempeñan los grandes conglomerados económicos en la configuración de los mercados y su impacto sobre la competencia, la equidad y el bienestar general.

Como asociación de consumidores, observamos con inquietud la nota del 19 de marzo titulada “Correos evidencian protección del SERNAC a distribuidoras eléctricas ante reclamos por mega apagón”, publicada en El Mostrador. Los antecedentes expuestos en esa publicación son graves y, más allá de la declaración institucional emitida por el SERNAC el 22 de marzo, siguen requiriendo una explicación pública más clara, directa y específica.

Como nutricionista asesora de ODECU, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, me parece preocupante e, incluso insólita, la reacción de ciertos grupos políticos y empresariales ante el anuncio de aumentar el impuesto a las bebidas deportivas y néctares como una forma de desincentivar su consumo. De hecho, el principal argumento de estos grupos disidentes es que la medida por la cual el Estado busca recaudar recursos no es lícita.

A propósito del acuerdo del SERNAC con las farmacias coludidas, hemos visto con claridad las dos almas del servicio. Una que se alinea con la institucionalidad de defensa de libre competencia y con los derechos de los consumidores, y otra que se alinea con los intereses de las farmacias coludidas, y acuerda con ellas en contra de los derechos de los consumidores.