Cada vez más consumidores enfrentan la práctica de que bancos, casas comerciales o cooperativas les exijan contratar seguros complementarios como condición para acceder a créditos, hipotecas o tarjetas. Estos seguros suelen ser de desgravamen, cesantía, invalidez o vida, y muchas veces se incorporan sin explicar su carácter voluntario, su costo real o la posibilidad de contratarlos con otra aseguradora. Esta situación vulnera derechos básicos garantizados por la Ley del Consumidor, que exige que toda información comercial sea clara, veraz y entregada antes de firmar cualquier contrato. En esta Pregunta Frecuente de ODECU te explicamos qué derechos tienes como persona consumidora al solicitar un crédito o producto financiero, qué dice la ley sobre la contratación de seguros complementarios y qué hacer si te imponen uno sin tu consentimiento.   ¿Pueden las instituciones financieras exigir la contratación de seguros complementarios? La Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores establece que ninguna entidad puede imponer la contratación de seguros como condición para otorgar un crédito, salvo que sean efectivamente necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, en los créditos hipotecarios el seguro de desgravamen suele ser obligatorio para garantizar el pago en caso de fallecimiento, pero incluso en estos casos la persona consumidora tiene derecho a elegir con qué aseguradora contratarlo. Por tanto, la institución debe informar de manera explícita si el seguro es obligatorio o voluntario, detallar sus costos y condiciones, y permitir al consumidor comparar ofertas. Cualquier práctica que impida esta libre elección, o que incorpore coberturas adicionales no solicitadas, se considera contraria al principio de transparencia comercial que la ley protege.   ¿Qué ocurre si el seguro se contrata o renueva sin consentimiento expreso? Cuando una entidad incluye un seguro sin autorización del consumidor, lo renueva automáticamente o cobra comisiones no informadas, se configura una práctica denominada “venta atada o condicionada”. Esta conducta está prohibida por el artículo 17 H de la Ley del Consumidor, que sanciona la subordinación de un producto o servicio a la compra de otro distinto. En estos casos, si el consumidor no dio su consentimiento libre, informado y por escrito, la cláusula puede considerarse nula por abusiva. La falta de transparencia afecta el derecho a decidir, uno de los pilares fundamentales del consumo responsable. La autoridad puede exigir la devolución de los montos cobrados indebidamente y sancionar a las empresas que mantengan este tipo de prácticas.   ¿Qué medidas puede tomar el consumidor ante este tipo de abusos? La primera recomendación es leer atentamente las condiciones del crédito antes de firmar y exigir que se desglose el costo total de los seguros ofrecidos, junto con su duración y coberturas. El consumidor tiene derecho a recibir copia de la póliza individual y a confirmar si el seguro fue contratado con su consentimiento. Si detecta cobros indebidos o la imposición de un seguro no solicitado, puede reclamar ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y ante el SERNAC. Además, puede exigir la restitución de los montos pagados y la terminación del contrato accesorio. Cuando exista daño económico o vulneración reiterada, también es posible presentar una demanda individual o colectiva en el Juzgado de Policía Local, solicitando indemnización por los perjuicios sufridos.   Si al solicitar un crédito o producto financiero te obligaron a contratar un seguro complementario que no pediste o no autorizaste, contáctanos a nuestro Servicio de Atención al Consumidor (SAC).

El comercio electrónico y las ventas a través de redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok han crecido de forma acelerada en los últimos años. Este fenómeno ha ampliado las opciones de compra, pero también ha incrementado los casos de venta de imitaciones o falsificaciones, especialmente en productos de moda, cosmética, tecnología y juguetes. Para las personas consumidoras, este tipo de prácticas representa un riesgo, ya que pueden recibir artículos de baja calidad, sin respaldo ni posibilidad de ejercer sus derechos de garantía. En esta Pregunta Frecuente de ODECU te explicamos qué derechos tienes como persona consumidora al comprar productos por redes sociales o plataformas digitales, qué prohíbe la ley respecto a las falsificaciones y qué hacer si recibes una imitación o copia engañosa.   ¿Qué establece la ley sobre la venta de productos falsificados? La Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores exige que toda información comercial sea veraz, comprobable y entregada oportunamente. Cuando un proveedor ofrece un producto que aparenta ser original pero en realidad es una imitación, incurre en publicidad engañosa y vulnera el derecho del consumidor a recibir información veraz y completa. Además, cuando se utilizan marcas registradas sin autorización, también se infringen normas de propiedad industrial, lo que constituye una falta más grave. Estos actos afectan tanto a las empresas que fabrican los productos originales como a los consumidores que los adquieren, quienes terminan pagando por un artículo que no cumple con las características prometidas. La venta de falsificaciones no solo es una infracción a la Ley del Consumidor, sino también una práctica que alimenta la informalidad, la evasión tributaria y la competencia desleal.   ¿Qué riesgos existen al comprar a vendedores informales o por redes sociales? Cuando una compra se realiza a un vendedor informal o sin identificación clara, ejercer los derechos de garantía se vuelve prácticamente imposible. Sin boleta o comprobante de compra, el consumidor no tiene un respaldo que le permita exigir reparación, cambio o devolución del dinero. En muchos casos, los perfiles que ofrecen estos productos desaparecen después de concretar la venta, dejando a la persona afectada sin un canal formal de reclamo. Además, este tipo de comercio no regulado puede implicar riesgos adicionales, como recibir productos de dudosa procedencia, sin certificación sanitaria o incluso inseguros. Esto es especialmente relevante en categorías como cosméticos, perfumes o juguetes, donde el uso de materiales no certificados puede afectar la salud o la seguridad de quienes los utilizan.   ¿Qué acciones puede tomar el consumidor si compra un producto falsificado? Ante la compra de un producto falsificado, lo primero es conservar toda la evidencia disponible, como mensajes, comprobantes de pago, capturas de pantalla y fotografías del artículo recibido. Con esos antecedentes, el consumidor puede denunciar el hecho ante el SERNAC o presentar un reclamo por publicidad engañosa a través de una asociación de consumidores, como ODECU. Si se acredita daño económico o moral, también es posible presentar una demanda ante el Juzgado de Policía Local para solicitar compensación o reembolso. Asimismo, las marcas afectadas pueden ejercer acciones judiciales por infracción a la propiedad industrial. Para prevenir estas situaciones, ODECU recomienda comprar siempre a proveedores formalizados, exigir boleta y desconfiar de perfiles que ofrezcan “réplicas exactas” o “productos outlet originales”. La precaución y la información son las mejores herramientas para evitar engaños en el comercio digital.   Si compraste un producto por redes sociales o plataformas digitales y descubriste que es falsificado o una imitación, contáctanos a nuestro Servicio de Atención al Consumidor (SAC).

Los juguetes y aplicaciones conectadas forman parte del entorno cotidiano de muchas familias. Estos dispositivos utilizan micrófonos, cámaras o conexión a internet para ofrecer experiencias interactivas, pero también recolectan y procesan información personal de niñas, niños y adolescentes. Dicha información puede incluir datos sensibles como voz, ubicación, edad o hábitos de uso que, si no son protegidos adecuadamente, exponen a los menores y sus familias a riesgos de privacidad, seguimiento o uso comercial indebido.

Cada vez más personas en Chile optan por dietas veganas, vegetarianas o libres de gluten, ya sea por convicciones personales, motivos de salud o condiciones médicas como la celiaquía. Sin embargo, diversos estudios de ODECU han demostrado que no siempre los productos cumplen con lo que declaran en sus envases. Esta falta de precisión en el etiquetado puede engañar las decisiones de compra y poner en riesgo la salud de los consumidores.

Cada año miles de jóvenes en Chile contratan créditos universitarios con el objetivo de financiar su educación superior. Sin embargo, no siempre reciben información clara sobre las condiciones del préstamo, los intereses aplicados o las consecuencias del no pago. Esta falta de transparencia puede derivar en sobreendeudamiento, condiciones abusivas y una carga financiera que se arrastra por años.

En septiembre, el consumo de carnes y embutidos aumenta de manera significativa en asados, fondas y celebraciones familiares a lo largo de Chile. Para disfrutar de estos alimentos sin riesgos, es fundamental adoptar medidas de cuidado tanto en la compra como en la manipulación.

Cada vez más personas neurodivergentes interactúan con bancos, aseguradoras, plataformas digitales y servicios públicos en Chile. Sin embargo, muchas de estas experiencias resultan frustrantes: formularios complejos, atención rápida que no considera ritmos distintos, o incluso rechazo por conductas vinculadas a una condición neurodivergente. Estos obstáculos no solo excluyen, sino que pueden provocar decisiones mal informadas, contratación de productos innecesarios o la negación de servicios esenciales.

Millones de personas en Chile dependen del transporte público todos los días para llegar a sus trabajos, colegios, consultas médicas o trámites importantes. Sin embargo, cuando se suspenden recorridos sin previo aviso o se aplican alzas tarifarias sorpresivas, las consecuencias afectan directamente la economía y calidad de vida de los usuarios.

Muchas personas adultas mayores son blanco de publicidades que prometen resultados milagrosos: suplementos que curan enfermedades, terapias que rejuvenecen o productos que mejoran la memoria y movilidad de forma inmediata. Estas ofertas, con frecuencia acompañadas de frases absolutas como “cura definitiva” o “100% garantizado”, suelen carecer de base científica y pueden constituir publicidad engañosa. Esta práctica está prohibida por la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que protege especialmente a quienes se ven afectados por promesas falsas o exageradas en temas sensibles como la salud.

Contratar un hotel o servicio turístico debería ser sinónimo de descanso y confianza, pero no siempre se cumplen las condiciones ofrecidas. Habitaciones distintas a las reservadas, servicios no disponibles o cobros adicionales no informados son situaciones que vulneran tus derechos como consumidor. En Chile, la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores también protege a quienes contratan servicios turísticos, tanto de forma presencial como en línea.